¿Quién tiene razón? El desenlace de la pelea entre los excursionistas y el propietario de la finca de Llucmajor

El día de autos

14 de septiembre a las 09:00 de la mañana, dos amigos que llevan más de veinticinco años realizando excursiones a pie por Mallorca, llegan al Camí de Ses Covetes, y dentro de él, a un punto en el que el camino se bifurca y se corta por una verja metálica que impide continuar con la ruta. Son las 09:10 de la mañana. «Es un camino que llevábamos años haciendo, un paso público aunque el propietario alegue que es suyo», dicen los excursionistas. Según las pruebas visuales existentes, no era la primera vez que se encontraban en esa tesitura; en febrero de este mismo año, al encontrarse unas balas de paja bloqueando el paso en ese mismo punto (colocadas por el propietario de la finca), decidieron saltarlas y continuar.

«Es un lugar de mucho tránsito, hace años que tanto nosotros como otros senderistas, ciclistas y deportistas, disfrutamos de la zona. En enero, junto a una hípica que hay en la zona; vimos los bloques de paja que cerraban el camino», explican los dos senderistas. Se trasladó la queja junto a otros amantes del camino al Ajuntament de Llucmajor que acabó por derivarla al Seprona. No se sacó nada en claro. Las balas de paja continuaron impidiendo el paso «hasta que, cuál fue nuestra sorpresa, al ver, este pasado sábado 14 de septiembre, que había sustituido las balas de paja por una alambrada».

Al descubrir la verja metálica, toman la misma decisión y deciden saltar por la valla de la finca para rodearla y seguir adelante su ruta. Son registrados por las cámaras de seguridad que tiene instaladas el propietario de las parcelas 23 y 24, un hombre que compra la finca junto a su mujer en 2007 y «tiene una ong de rescate de animales, caballos sobre todo», según él mismo explica.

Cuando las cámaras detectan el movimiento, se envía una señal al teléfono móvil del propietario y éste acude al punto, según los agredidos «armado con una maza de hierro recriminándoles su actitud. Se dirigió a nosotros de forma agresiva, de muy malas maneras, en lo léxico y en lo físico, nos dijo que habíamos invadido su propiedad, empezó a insultarnos y nos golpeó en el pecho con el martillo. Dimos un paso atrás.»

La versión de los excursionistas describe como el hombre comenzó a propinarles insultos y amenazas de forma muy violenta, «decía que nos iba a matar, que tenía una escopeta y que la próxima vez tendría dos cartuchos preparados para nosotros», cuentan. «Nos dijo que iba a llamar a la policía y yo ya la estaba llamando, en cuánto me vio, vino hacia mí y me propinó un cabezazo».

Éstas son las imágenes que los excursionistas registraron:

Hasta aquí, ambas partes coinciden en el relato pero no en la agresión que denuncian los deportistas. El propietario de la finca que linda con el Camí de Ses Covetes la define de la siguiente manera:

«No puedo admitir que entren en mi propiedad y encima a empujones, me hicieron caer, tengo heridas». Explica que «estaba arreglando el gallinero cuando el teléfono me envió una señal porque alguien había traspasado los límites de mi propiedad. Fui para allá y me empezaron a empujar para pasar, para seguir su camino; yo tengo derecho a una cosa que se llama arresto ciudadano y puedo retener a alguien que haya entrado en mi propiedad hasta que llegue la policía», argumenta el hombre.

En términos legales, existe esa posibilidad de practicar un arresto ciudadano pero para que se produzca, el ciudadano debe haber sido testigo de la comisión de un delito, pillando 'in fraganti' y sin que haya dudas de la culpabilidad del mismo. Una circunstancia que se cumple aunque no del todo, ya que no existe una confirmación definitiva completa para determinar la titularidad del controvertido tramo; de ahí la polémica suscitada. Si el tramo es suyo, les habría visto cometiendo una infracción (el paso por su propiedad privada); si no lo es, la comisión de un delito no estaría confirmada y no podría haber intentado retenerles. Tras el cabezazo que recibe uno de ellos, registrado en el vídeo «a la mínima oportunidad, salimos por patas», continúan los excursionistas.

Heridas de un lado y del otro

Al tomar la decisión de denunciar la agresión, ya que los excursionistas consideran injusto y desproporcionado tanto el cierre del camino como el enfado; el que recibe el golpe en la nariz acude al hospital para valorar sus heridas:

Por su parte, el presunto agresor, al conocer las intenciones de los senderistas aporta a Ultima Hora una fotografía y asegura que lo hizo todo en legítima defensa: «ellos me vieron y pretendían pasar a empujones, me caí, tenía raspones en la rodilla, también me hice daño en la tibia. Le di el cabezazo en defensa a los empujones que me dieron y porque me estaba grabando dentro de mi propiedad, que habían allanado», argumenta. Explica también que la tensión se alargó varios minutos y que «me provocaron. Estaba harto de lo que estaba pasando».

Expresa su intención de denunciar a los excursionistas por calumnias ya que, en su opinión, «su denuncia es falsa, no hubo ninguna amenaza de muerte». Cuenta que al estar realizando reparaciones, fue hacia al lugar donde vio a los excursionistas «con clavos y con el martillo, era lo que tenía para defenderme», alega. Les acusa de haber roto un candado y muestra un trozo de la grabación de las cámaras de seguridad, aunque en él no se advierte ningún uso de violencia.

Acusaciones en redes sociales

Tras el encontronazo, los dos senderistas pasan 48 horas con la tensión en el cuerpo, aunque tratan de dejarlo atrás hasta que, el lunes siguiente, reciben una inquietante llamada. Alguien les acusa en redes de ser carteristas y comparte una publicación mostrando sus caras. «Fue la gota que colmó el vaso, este mismo lunes nos llamaron varios amigos diciendo que habían visto los posts, no me lo podía creer», explican.

«Nos afectó mucho psicológicamente, imagina que te llaman y te dicen que sales por ahí acusado de ser un ladrón, tenemos clientes, amigos, es un perjuicio enorme y nuestro abogado le acusará, además de la agresión, de un delito contra el honor», narran los afectados. «De verdad que yo intenté hacerle entrar en razón pero no me dio oportunidad, si lo que le molestaba era el paso de vehículos y por eso decidió cerrar, hasta habría retirado la denuncia si hubiera mantenido su valla añadiéndole una pequeña escalera para el paso de los senderistas que no hacemos daño a nadie; pero después de lo que ha hecho en las redes, se me acabó la paciencia».

Respecto a las publicaciones en redes, el propietario afirma que «no he sido yo, cualquier simpatizante con mi causa podría haber conseguido las fotos y hacerlo para ayudarme». Asimismo, también a través de las redes sociales, en los mismos grupos en los que apareció la fotografía de los senderistas, han aparecido publicaciones en su contra. Muchos le tachan de conflictivo.

Noticias relacionadas

El presunto agresor del Camí de Ses Covetes da su versión: «El cabezazo fue en defensa de los empujones que me dieron»

Más noticias relacionadas

Guerra desatada

Los dos excursionistas acuden a poner la denuncia ante la Guardia Civil por agresión y por injurias. Por su parte, el propietario mantiene su versión y expresa su intención de denunciarles por allanamiento, agresión, calumnias y denuncia falsa. No se queda ahí. Los senderistas, tras ver la reacción de la otra parte, deciden continuar adelante con su batalla y realizan dos movimientos clave: una denuncia sobre el cierre del camino ante el consistorio llucmajorer y otra por la desprotección de sus datos, ya que acusan al propietario de «tener cámaras de seguridad ubicadas fuera de su propiedad y grabando hacia el exterior, además con sonido, que supone un delito muy grave», explican. No se conforman con ello, también desvelan otro aspecto del controvertido caso: la actividad de Can Blau, el negocio del propietario de la finca. «Está registrada como una finca sencilla con caballos, donde se pueden tener hasta cinco animales; pero sabemos que realiza excursiones y rutas y otras actividades y debería tener la licencia correspondiente para hacerlo», atacan los senderistas.

El propietario también utiliza las grabaciones para denunciarles, en su caso, por grabar dentro de propiedad privada con sus móviles. Respecto a sus cámaras de seguridad asegura que están «mínimo a cincuenta metros dentro de mi propiedad, mucho después de las primeras señalizaciones y con la información pertinente de la LOPD». También quiere acusa a los excursionistas por su reincidencia ya que conserva otro vídeo de los mismos dos senderistas saltando por los bloques de paja en la anterior ocasión. Alega también el propietario que su «ONG está registrada con el correspondiente código REGA»

Tal número de denuncias cruzadas y declaraciones pendientes, provoca una curiosa casualidad: los tres coinciden en el cuartel de la Guardia Civil de Llucmajor este pasado viernes. No llegan a verse pero se encuentran allí para declarar y ratificar las demandas que han puesto sobre la mesa.

La titularidad del camino

La cuestión clave para dilucidar lo ocurrido pasa por determinar a quién pertenece realmente ese tramo del camino. Entre el Camí de Galdent y el que une Algaida con las Costas de Xorrigo, hay una serie de viales que dan paso a numerosas fincas en la zona, el Camí de Ses Covetes es uno de ellos, y de él parten diferentes ramales de entrada hacia varias fincas, con una longitud cercana a un kilómetro. Asimismo, en numerosas páginas web sobre senderismo como Caminando por Mallorca o Trail Running Mallorca, se indican rutas y excursiones atravesando el controvertido camino, que parece haberse tratado como público históricamente. Actualmente, el caso se encuentra en manos del Seprona que está realizando un informe para determinar la titularidad pública o privada de ese tramo. Según informa el consistorio del municipio, se está recopilando la información necesaria para completar el informe, que podría ser vinculante y determinar las futuras actuaciones a tomar por parte del Ajuntament de Llucmajor.

Eso sí, el propietario de la finca alega tener documentos que muestran dos puntos importantes: la no existencia, ni pública ni privada, de servidumbre de paso sobre la finca y un certificado expedido por el Ajuntament de Llucmajor que determina un tramo en el que confluye lo que sí podría ser un camino público y la parcela privada del hombre. El documento marca un punto desde el cuál esa vía de acceso, sería privada; aunque sólo lo certifica en respuesta al paso de vehículos motorizados y en un tramo determinado que, justamente, interrumpe el camino histórico, escriturado en la parcela en un documento de 1883, según defiende el actual propietario.

En cambio, en el catastro oficial de la parcela, lo que aparece es esto:

Una nomenclatura que significa que son caminos públicos destinados básicamente al servicio de instalaciones agrarias pero que no se consideran carreteras porque no reúnen las características necesarias. De hecho, se trata de vías rústicas que lindan con las propiedades de la zona, la del denunciante propietario entre ellas. En su caso, el tramo que coincide con el vial público ocupa unos cien metros y el hecho de cortarlo con la barrera, afecta a los accesos entre parcelas. «Lo hago por proteger a mis animales y a mi finca, a mi también me fastidia tener que dar la vuelta; tengo caballos en la otra finca y también tenía una yegua ciega a la que cuidaba, al menos voy tres veces al día», explica el propietario.

Por su parte los excursionistas afirman que otros propietarios de la zona no pueden acceder directamente a las parcelas colindantes al haber cerrado el camino y se ven obligados a dar una pequeña vuelta. «Es como si tu vives en una calle ¿no? y te da por poner una barrera al inicio y al final de la calle, ¿qué pasa que ningún vecino podrá ir a su casa sin rodear toda la calle? Es algo parecido a eso», tratan de aclarar los senderistas.

El origen de los altercados

El propietario, que recolecta diversas denuncias tanto siendo el emisor como el receptor y tiene algunos juicios pendientes, ha protagonizado ya otros encontronazos; todos ellos, según él, por «proteger mi propiedad». Ya sin ninguna relación con los dos senderistas del pasado sábado, explica compungido que en estos años «ha habido muchos follones aquí, han entrado a matar un perro, han roto la valla varias veces y han provocado la fuga de los caballos, han atravesado la finca en coche, han agredido a mi mujer; diez años que estoy sufriendo cada día, cada día».

Refiere que el Ayuntamiento le dice una cosa un día y otro otra y culpa a la unidad Seprona de la Guardia Civil de un suceso ocurrido en diciembre de 2023: «invitaron a pasar a un corredor a la finca, le dijeron que podía continuar por allí y que saltara la valla, se produjo un incidente y encima le dejaron irse sin identificar; por eso todo el mundo empezó a pasar impunemente, porque creen que se puede. Fue el principio del fin. Presenciaron una agresión a mi mujer y no hicieron nada. Lo tengo todo grabado». Por otra parte, en un informe de la Benemérita que responde a esa acusación, consta que la agresión a la esposa del propietario no aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad pero lo que sí aparece es una agresión por parte de ellos (del matrimonio) al senderista; un conflicto que continúa pendiente de solucionar. Su queja contra los agentes se archivó en su momento pero el propietario pretende abrirla de nuevo y realizar diferentes denuncias al respecto.

«He intentado convivir. En un momento, antes incluso de cerrar el camino con las balas de paja, coloqué una cadena para impedir el paso de vehículos y dejé un paso de 1,80 para permitir el paso los caminantes pero tampoco les fue bien a los senderistas, ciclistas y caballistas, fue peor así, recibí amenazas de muerte, insultos y hasta rompían la cadena. ¿Quién paga la hipoteca ellos o yo? Yo sólo quiero vivir en el bosque con mis animales y estar en paz», zanja.

Algunas pruebas documentales

La opinión de los lectores

El debate producido por la contraposición de las posturas de los implicados ha permitido desvelar, por parte de los lectores, varios aspectos interesantes. Uno de ellos asegura que «la mala gestión de las administraciones es lo que lleva a los conflictos entre particulares. El Catastro no es un registro de derechos (que algo esté catastrado a favor de una persona no implica que sea la propietaria) y el Ayuntamiento de Llucmajor es un desastre que no tiene inventario de caminos públicos».

Respecto al cierre, muchos son partidarios de que coloque la valla para evitar vehículos no autorizados aún permitiendo a los caminantes el paso por el tramo que linda por su finca: «Amb s'excusa dels buggis, que té tota sa raó, tanca el camí per tothom? Un camí que ja hi era fa dècades i que fins i tot té senyalització municipal? Es camí no va "a ca seva", just passa per devora ca seva, i segueix cap a un altre camí, per tant és fals que sigui un cul de sac, com indica es cartell que ha posat. Exactament, comunica es camí de Son Miquel Joan amb es camí de Son Mendívil. Si en fer senderisme no poguèssim passar per cap finca privada, no se podrien fer el 98% d'excursions... Tota Mallorca és privada menys un grapat de finques públiques. Per descomptat sense tocar res ni embrutar, i deixar ses barreres com estiguessin, no fa falta dir-ho».

Eso sí, la mayoría de usuarios ven con claridad que la defensa propia no se produce, al menos, en los documentos audiovisuales que han salido a la luz; aunque el propietario mantiene que conserva algunas imágenes de agresiones que no ha compartido, tanto en el caso de los senderistas como en el de la Guardia Civil. «Viendo el video queda claro que lo del cabezazo en legitima defensa no se sostiene. Tampoco se sostiene que no fuera el quien publico las fotos acusándoles de carteristas, son fotos hechas en el momento del conflicto, no había nadie más para hacerlas. Alguien tendría que denunciar el cierre del camino y que un juez se pronuncie», expresa otro lector.

El propietario de la finca también tiene algunos apoyos: «Si el camino no tiene mantenimiento alguno por parte del ayuntamiento pertinente, muy raramente es público. Otra cosa es que los legítimos propietarios hayan sido muy permisivos ante el paso de transeúntes durante muchísimo tiempo. Si el pastor con la ovejas pasa es porque lo suele tener hablado con el propietario para que los animales le limpien y abonen sus terrenos. Pero ojo, eso no quiere decir que pueda pasar cualquiera.», apunta.

Finalmente, muchos lectores apuntan al tema de las cámaras de seguridad: «Graba en una zona pública (el otro lado de la valla) sin que esté claramente avisado con un cartel en el que se indique que se graba y dónde se pueden ejercer los derechos que protege la LOPD. No hay derecho a que te graben en cualquier sitio sin que lo sepas. Y esto es un delito grave».

Tras revisar toda la documentación que ha salido al público, sobre el papel y la prevalencia de Ley de Caminos Públicos, el propietario podría cerrar la valla por seguridad para sus animales pero sin obstaculizar el paso a los excursionistas; aunque eso sí, siempre que los ases en la manga que dice tener el propietario no salgan a la luz y le den la razón. El caso y su estudio, continuará en los juzgados.