El procesado, en una sala de Vía Alemania de Palma. | J.P.M.

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Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a dos años de prisión al funcionario interino que trabajaba en una oficina de cobro de sanciones municipales y se quedó con miles de euros entre principios de 2021 y mediados de 2022, cuando fue arrestado por la Policía Nacional. Antes de la vista, el procesado consignó 8.000 euros para resolver la responsabilidad civil. La Fiscalía le apreció el atenuante de reparación del daño y el de ludopatía.

El abogado del acusado, Iván García López, solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad y ninguna de las partes se opuso, por lo que el varón no entrará en prisión por estos hechos, calificados como estafa.

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Cobro en efectivo
Los hechos se remontan a principios de 2021. Tal y como sostiene la acusación pública, el procesado, ejecutando un plan preconcebido, hacía creer a las personas que acudían a pagar infracciones por ocupación y realización de actividades no permitidas en la vía pública que podían pagarlas si le abonaban en el acto un importe en efectivo sensiblemente inferior.

Así, cuando recibía en dinero procedía, en la mayoría de los casos, a anular las sanciones en el sistema informático, al que tenía acceso por el puesto que ocupaba. El Ajuntament de Palma tuvo que asumir el desfase por la cantidad de la que se apropió el acusado, que para reparar el daño causado consignó judicialmente 8.000 euros el pasado mes de marzo.

Además de los dos años de prisión, a los que el empleado dio el visto bueno, también se le inhabilita para trabajar en Cort. La magistrada dictó sentencia en el mismo acto.