El testamento suele simplificar bastante el reparto de la herencia, pero en ocasiones no se cuenta con el documento. | Freepik

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Cuando una persona fallece, la distribución de sus bienes entre los herederos puede generar dudas, especialmente si no dejó un testamento. Este documento, aunque no es obligatorio, facilita considerablemente el proceso de herencia al establecer claramente la voluntad del difunto respecto a cómo deben repartirse sus posesiones. Sin embargo, en ausencia de un testamento, existen mecanismos legales para proceder con la adjudicación de bienes, aunque el proceso puede ser más complejo y prolongado.

Para comenzar, es importante saber si la persona dejó un testamento. Esto se puede confirmar solicitando un Certificado de Actos de Última Voluntad, que indica si el fallecido otorgó dicho documento y en qué notaría se encuentra. En caso de que el certificado confirme la inexistencia de un testamento, la herencia se debe gestionar mediante el procedimiento de sucesión abintestato. Este proceso se basa en lo dispuesto por el Código Civil español, el cual establece un orden de prioridad para determinar quiénes serán los herederos legales del fallecido.

En una sucesión sin testamento, el primer paso es la declaración de herederos. Este trámite se realiza ante notario, y para llevarlo a cabo se requiere la presencia de al menos un familiar del difunto y dos testigos que lo conocieran. La declaración oficializa quiénes son los herederos legítimos según el orden de sucesión legal, el cual privilegia, en primer lugar, a los hijos y descendientes. En su defecto, los padres y ascendientes se convierten en herederos, seguidos por hermanos, sobrinos, y otros familiares cercanos.

Una vez declarados los herederos, estos deben proceder a dividir los bienes de manera justa. El reparto se realiza a partes iguales, salvo que exista un acuerdo diferente entre los herederos. Es fundamental tener en cuenta que este proceso requiere de consenso, y la ausencia de un testamento puede dar lugar a desacuerdos, especialmente si hay bienes difíciles de dividir equitativamente. En estos casos, la mediación o la intervención judicial pueden ser necesarias para resolver conflictos y evitar disputas familiares prolongadas.