Según los escritos de acusación de la Fiscalía y de la representación de otro empresario perjudicado --defendido por el letrado Jaime Campaner--, en 2008 Santos Márquez y el denunciante constituyeron una sociedad de servicios de intermediación y gestión en el mercado de fichajes. Márquez actuaba como agente en exclusiva para la sociedad y el denunciante aportaba los fondos para las gestiones.
Según la Fiscalía, el acusado, «con intención de obtener un beneficio económico» inició en junio de 2015 las actuaciones para la contratación de Iker Casillas por el Club de Fútbol Oporto en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018.
Con esto obtuvo un acuerdo con el mánager del jugador por el que éste reconocía adeudar una cantidad de 444.750 euros a otra sociedad de Márquez, a espaldas de su socio.
Sin embargo, según la acusación particular, su socio había estado aportando regularmente los fondos necesarios para que Santos Márquez pudiera desarrollar su actividad. Esto incluía el alquiler de una casa en Madrid y otros gastos personales.
En este sentido, la acusación particular señala que entre el Márquez y el perjudicado existía no sólo una relación profesional sino también de confianza, por lo que además de la apropiación indebida atribuye al acusado un presunto delito de estafa.
El fiscal pide por estos hechos cuatro años de prisión, una multa de 3.000 euros y que indemnice al denunciante con los 440.750 euros de las comisiones.
Por su parte, la acusación particular reclama seis años de prisión, multa de 5.400 euros y la misma indemnización que la Fiscalía más 22.400 euros por los gastos de su actividad negociadora entre los meses de junio y julio. Además, añade una multa de 1,45 millones de euros para la sociedad con la que Márquez se benefició de las comisiones.
El juicio se celebrará en Palma y el juez instructor requirió a Márquez que preste una fianza de 550.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
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