En su turno de última palabra en el juicio celebrado contra él en la Audiencia de Palma, el mediador en fichajes de futbolistas ha lamentado verse en una situación «fastidiosa» por primera vez en su larga carrera por asuntos ajenos a su ocupación, que es «ver el talento de los jugadores».
Su defensa ha pedido su absolución en la segunda jornada de una vista que se inició el 27 de junio, mientras que la Fiscalía ha reclamado una condena de 4 años de cárcel por administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida, y la acusación particular ha solicitado 6 años de reclusión por administración desleal y estafa.
El intermediario creó en 2008 una sociedad con un empresario mallorquín para hacer negocios en el mercado de los jugadores de fútbol y en 2013 vendió su participación en esa empresa.
El encausado, que ha cambiado de abogado a mitad del juicio, ha sostenido que al desprenderse de sus participaciones acabó su obligación con la empresa, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular entienden que el contrato seguía vigente y que debió compartir los beneficios que obtuvo, de unos 257.000 euros.
Este martes han declarado como testigos un antiguo directivo del Eldense y uno actual del Getafe, que no han aportado ningún dato relevante. La defensa había propuesto también que testificara el jugador brasileño Paulinho, que militó en el Oporto, pero no ha comparecido.
El fiscal ha mantenido su petición inicial de 4 años de prisión y ha relatado que son «hechos irrefutables» que el intermediario continuaba trabajando en exclusiva para la empresa de la que fue socio, que le pagaba todos los gastos, tanto para su desempeño laboral como de su vida cotidiana, apesar de lo cual se apropió de la comisión del fichaje del portero internacional español.
En la misma línea, el abogado de la acusación particular ha expuesto que los testimonios y la documentación aportados en la vista oral ponen de manifiesto que el intermediario se quedó con lo que le correspondía a la empresa para la que trabajaba a pesar de que había recibido de esta una media de 100.000 euros anuales.
Además, ha insistido en que la venta de sus participaciones no supone en absoluto la rescisión del compromiso laboral y ha recordado que el propio acusado informó a la sociedad demandante de la operación de Casillas, lo que solo se explica por la existencia de una vinculación.
La defensa ha argumentado que el contrato ya no estaba vigente porque estaba ligado a la participación conjunta en la sociedad y ha puntualizado que si su representado actúo a posteriori en representación de esa empresa lo hizo como «freelance».
También ha rechazado la posibilidad de que se le acuse de administración desleal cuando «no se ha acreditado que era administrador de facto, solo que se le aportaban cantidades».
El juicio ha quedado visto para sentencia tras las últimas palabras del acusado, que ha aludido a los «muchos jugadores importantes» en cuyos traspasos ha mediado a lo largo de una carrera en la que su función ha sido «tener ojos para ver futbolistas».
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