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El mapa balear de Tercera División anda convulsionado. Un grupo de clubes con cartel en el fútbol de bronce ha aireado durante los últimos días la presencia de una mano negra que erosiona sus proyectos. Algunos han ido más lejos y se han apresurado a denunciar públicamente que son víctimas de una conspiración gestada en los despachos del Comité arbitral. Los jueces vuelven a estar en entredicho. Esta es la principal conclusión que se extrae tras la recopilación de quejas que han formulado presidentes y entrenadores desde que se abrió el curso. Llueve sobre mojado, básicamente porque la historia delata que clubes y colectivo arbitral mantienen posturas irreconciliables. Las quejas de Constancia "medita el veto al trencilla Arenas Cuesta" y del Atlètic Balears "meses atrás rogó al Comité que no le designara a Pérez Galera sustentando su petición en una animadversión personal del colegiado hacia Miquel Crespí", han quedado eclipsadas por las gravísimas acusaciones que han vertido Gènova y Sporting Mahonés. El primero ha meditado abandonar la competición al considerarse víctima de una persecución arbitral. «Cada semana nos roban y nos sentimos impotentes», ha llegado a manifestar su presidente Joan Aloy. Pero en el club blanquiazul no todo han sido palabras. Xisco Ferrer dimitió hace un par de semanas y en su discurso de despedida responsabilizó a los colegiados. «Me marcho por el bien del equipo. Los árbitros van a por mí y creo que lo mejor para los jugadores y la propia institución es que yo no esté en el banquillo».

Responsables del Santa Eulalia también han insinuado en varias ocasiones que nunca se les mide por el mismo rasero. Sus protestas nunca han adquirido oficialidad y sólo han tenido reflejo en la prensa de Eivissa. No obstante, la explosión más atronadora se ha detectado en Maó. José Luis Fernández, presidente del Sporting Mahonés, ha quebrado su habitual ponderación y ha manifestado que se siente víctima de una conspiración.