La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha emitido un informe negativo sobre la homologación del Palma Arena, circunstancia que agrava los problemas que envuelven al velódromo de Ciutat prácticamente desde que se puso su primer piedra y que le imposibilitará albergar pruebas de rango internacional.
Los técnicos de la UCI han detectado diversas anomalías en el Palma Arena y ya han comunicado al Govern que éstas deberán ser rectificadas cuanto antes. Según la normativa de la Unión Ciclista, las pruebas en pista del calendario internacional deben desarrollarse exclusivamente en un velódromo homologado por la UCI. A título excepcional, la UCI puede acordar algunas derogaciones para los velódromos en uso antes del 2001, aunque no es el caso del Palma Arena, cuyo gran estreno se produjo precisamente en 2007 con la disputa del Mundial de ciclismo en pista.
El informe emitido por la UCI aparece en plena tormenta y unas pocas semanas después de que trascendiera la investigación que la Fiscalía de Balears lleva a cabo sobre la duplicación del presupuesto de construcción de la instalación deportiva "el coste final podría alcanzar los 100 millones de euros" y cuya mayor complejidad radica en el hecho de que el Ejecutivo que presidía Jaume Matas lo impulsó políticamente como «una obra de gran volumen, a realizar en un plazo de tiempo reducido», cuestión que en las últimas décadas y en las Administraciones públicas españolas ha sido sinónimo de vulneración de la norma administrativa pero no ha alcanzado condenas judiciales de los responsables políticos.
De hecho, la apertura del Palma Arena, que durante el 2007 dio cobijo al Mundial de ciclismo en pista y fue subsede del Campeonato de Europa de baloncesto "Alemia, Turquía, Lituania y República Checa fueron las cuatro selecciones que compitieron en la Isla", figuraba en las web de varias firmas subcontratadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que asumió el encargo como «un reto», teniendo en cuenta que el factor clave era el tiempo «en una obra cuyas características incluyen la variedad de material a emplear y la adecuación del producto a cada problemática surgida en obra».
La pesquisa de la Fiscalía especializada en delitos económicos ha analizado ya varios cientos de documentos de encargos y certificación de obra respecto al pabellón palmesano, pero los especialistas se muestran comedidos a la hora de establecer el nexo entre una multiplicación presupuestaria y un ilícito penal.
En relación con las obras del Palma Arena, el mes próximo comienzan en los tribunales civiles de Palma los juicios por reclamaciones de impago de las subcontratistas contra la adjudicataria. El Govern tiene «congelados» pagos multimillonarios a la UTE hasta aclarar «si proceden».
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