El Govern balear ha aprobado hoy el proyecto de ley de medidas urbanísticas para la ejecución del Centro Internacional de Tenis Rafael Nadal, con la intención de que lo ratifique el Parlamento autonómico antes de que termine el período de sesiones en junio.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo balear, Rafael Bosch, que ha indicado que una vez aprobado el proyecto de ley en la Cámara autonómica, que el Govern prevé que se produzca mediante lectura única, el promotor dispondrá de un año para presentar el proyecto y cinco años más para su realización.
Bosch ha detallado, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, donde se ha aprobado el proyecto, que este centro se construirá a partir de inversión estrictamente privada, que ha calculado en «decenas de millones de euros».
Ha subrayado que el proyecto gira en torno a los conocimientos tenísticos del preparador y el entrenador de «uno de los mejores tenistas de todos los tiempos» y del propio Nadal.
El centro de mejora y profesionalización y perfeccionamiento acogerá a jóvenes de 8 a 17 años de cualquier parte del mundo que quieran perfeccionar sus conocimientos en la práctica de este deporte.
La nueva infraestructura se situará en terrenos situados frente a las instalaciones deportivas de la Torre dels Enagistes de Manacor y tendrá una superficie de 47.444 metros cuadrados a los que se añadirán 3.126 más de una zona verde pública, cedida de forma gratuita por el Ayuntamiento de Manacor (Mallorca).
El centro tendrá un área educativa, otra deportiva y una zona residencial, además de los servicios administrativos. Contará con pistas de tenis al aire libre y zona para entrenamiento a cubierto, gimnasio, piscina climatizada, espacios de recuperación, un campo de fútbol 7 y una pista multiusos.
«Inversiones con alto valor añadido interesa hacerlas», ha defendido Bosch, que ha señalado sobre el proyecto de ley para agilizar los trámites que debe ser el Parlamento balear el que se pronuncie respecto a las modificaciones urbanísticas.
El Govern pretende acelerar la tramitación porque, por sus características, el proyecto «no debe tener una incidencia significativa sobre el medio ambiente».
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