2. Balears y las “misiones”
Las “misiones” económicas presentan unos elementos determinantes. Esto es interesante para nuestras islas, en el contexto de la llegada de recursos económicos provenientes de la Next Generation; pero es igualmente importante, atendiendo a la cantidad de dinero ya recibido por la administración autonómica, a raíz del estallido de la crisis del coronavirus. En ambas situaciones, el gran reto será gestionar eficientemente estos ingentes flujos y, lo que resulta más significativo, hacerlo en las orientaciones precisas, si lo que se quiere es replantear el modelo de crecimiento. A este respecto, se puede destacar la importancia en disponer de propósitos claros en la agenda política; en otros términos, dónde asignar los recursos: ¿movilidad sostenible? ¿Digitalización? ¿Transición energética? ¿Eliminación de plazas turísticas? Esto inferirá un condicionante evidente: la asunción de riesgos y la apuesta por iniciativas –de inversión y de gestión– innovadoras. Las zonas de confort tendrán que abandonarse, lo que remite a dinamizar las instituciones implicadas en los procesos administrativos. Todo ello impondrá colaboraciones intensas entre distintos sectores, por dos motivos centrales: se hará imprescindible la cooperación entre las esferas pública y privada; y, al mismo tiempo, habrá que dibujar escenarios que superen el corto plazo y que, por tanto, reclamen presupuestos plurianuales que se tendrán que evaluar y/o matizar en función de los resultados obtenidos.
Todo esto es opuesto a lo que ha sido definido como la “paradoja de la complejidad” en un sentido claro: cuanto más alambicados son los aspectos de una determinada política económica, más se segmenta su elaboración y se divide entre diferentes áreas y/o departamentos (direcciones generales, consejerías, concejalías), de forma que se llega a desarrollar una competencia entre sí: la ineficacia está servida. La dispersión organizativa, la pretensión de tener el protagonismo primordial, la idea de rentabilizar electoralmente las cuestiones que se aborden, de forma aislada y poco compartida, puede ser el camino más precipitado hacia el fracaso.
Las “misiones” económicas parten de un consenso social, es decir, la tendencia a cooperar entre los ámbitos público y privado, con participación, en su caso, de la ciudadanía a través de organismos de representación. En Balears, se han arbitrado diferentes plataformas –Mesas Sectoriales, Pactos Económicos, Foros– que tienen la importancia de plasmar la voluntad política, económica y social en núcleos de deliberación conjunta, a partir de iniciativas del gobierno. Esto es muy positivo, aunque también plantea la dificultad de la dispersión organizativa y, en cierta medida, la ocasión en repetir, en diferentes ámbitos de colaboración, unas mismas ideas con también idénticos interlocutores. Esta fragmentación puede resultar entonces dificultosa. Si a estas operaciones, que son espoleadas por las administraciones públicas, se añaden las entidades formadas desde el tejido social –movimientos asociativos, culturales, ecologistas–, la complejidad aumenta. Sin embargo, y sin menospreciar la importantísima función que ejecutan las operaciones anteriores, Balears tiene un organismo primordial, integrador –patronales, sindicatos, sociedad civil, administraciones públicas– que se encuentra enunciado en el Estatuto de Autonomía y que ostenta una trayectoria de más de veinte años de vigencia: el Consejo Económico y Social. Éste, para el tema que nos ocupa, elaboró en los años 2018 y 2019 un documento fundamental de prospectiva que, a su vez, ha dado pie a la redacción de un dictamen, con una visión estratégica: Balears hacia 2030. Se trata de un trabajo científico, en el que ha resultado vital la cooperación con la Universitat de les Illes Balears y la Fundación Ramon Folch, que prefigura lo que podría convertirse en un plan estratégico de la comunidad, dado que tanto las metodologías aplicadas como las observaciones de futuro hechas trabajan el horizonte estratégico (el texto no recoge, sin embargo, ningún cálculo presupuestario).
3. Conclusión
La gobernanza debe ser cooperativa: el documento mencionado del CES-UIB (2019) es una muestra elocuente de ello: personal científico de diferentes campos del conocimiento, más asociaciones de todo tipo agrupadas en foros, el concurso clave de los sindicatos, junto a asesoramientos exteriores de expertos, culminaron una acción aprobada en el Plenario del CES tras la participación de más de 400 personas de ámbitos dispares, con una visión de largo plazo que, en su interior, confía el diseño de misiones económicas concretas. Todo ello significa la creación de consensos, la proporción de valores generados de forma cooperativa, democrática, rigurosa, que, una vez desplegada en el mercado, conseguiría un factor capital: la génesis de nuevos mercados, en el momento en que se intervendría no solo para corregir externalidades y problemas, sino para aportar nuevos propósitos sociales y económicos. La financiación de todas estas opciones es otro ámbito de trabajo. Se parte de la base de la llegada de los recursos explicitados más arriba. Pero la adscripción de esta ingente cantidad de dinero puede contribuir, de forma esencial, a perseverar en el cambio de modelo de crecimiento, aprovechando la ocasión de la situación económica abierta por la COVID-19. El debate de la financiación autonómica será otro vector a no descuidar en sus tres coordenadas: el modelo de financiación, las inversiones y el Régimen Especial de Balears, que puede subsumir a la segunda. Este gran tema sobrepasa, sin embargo, el objetivo de este texto.l
