Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Benalup renuevan su acuerdo para la regularización de viviendas autoconstruidas

El convenio que establece las condiciones de esta cooperación ha sido suscrito por la diputada provincial y consejera delegada de la citada sociedad, Lucía Trujillo, y el alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, y ratificado por el consejo de administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, según informa la Diputación en una nota.

Asimismo, ha recordado que esta relación se originó en mayo de 2017, justo cuando se alcanzó el primer convenio para tramitar y gestionar la regularización de viviendas que fueron edificadas, en régimen de autoconstrucción, en los años 90 del siglo pasado. En aquel primer pacto se incluyeron dos promociones concretas, identificadas en los expedientes CA-94/020 y CA-98/010, así como una tercera sujeta al Régimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler (RAPPA) para la que se encomendaban gestiones de cobro y asesoramiento técnico.

Los avances más significativos se han registrado en la parcela donde se asientan 16 viviendas entre las calles Pinto y Almendro (expediente CA-94/20). Gracias a la asistencia resuelta han podido formalizarse ocho escrituras de propiedad, ha señalado la Diputación, que ha indicado que en los inmuebles referenciados en el expediente CA-98/010, que aglutina 14 viviendas en la calle Grulla Negra, se culminaron las divisiones horizontales, además de fijar con el Ayuntamiento el precio de compra y las condiciones de adquisición. Mientras que en la promoción del régimen RAPPA, ubicada en la zona de Las Canteras, continúan las gestiones estipuladas en el convenio de 2017.

Con el acuerdo ya renovado, la asistencia técnica de Diputación insistirá en las regularizaciones a través de la formalización de escrituras de propiedad y abre una opción adicional como es la posibilidad de adquirir el inmueble en régimen de alquiler con opción a compra. El convenio recién suscrito, que también podrá aplicarse a una nueva promoción (la CA-97/020, que no se incluyó en las estipulaciones de 2017), contempla una vigencia de cuatro años.

Esta colaboración entre Diputación y Ayuntamiento pretende acabar con la inseguridad jurídica de unos residentes que carecen de títulos de propiedad, y que por tanto tienen limitaciones para proceder --por ejemplo-- a transmisiones del bien, pero también para cumplir con sus obligaciones tributarias, según ha explicado la Institución Provincial.