Esta sentencia abarca la primera pieza de las delegaciones territoriales de administraciones y entidades locales de esta macrocausa; figurando una decena de acusados, que son el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias, quien según la Fiscalía habría recibido comisiones ilegales por valor de 1.385 euros de la trama; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo, que según la Fiscalía habría recibido 20.000 euros; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado, que habría recibido 5.800 euros, o el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso, que habría recibido 67.336 euros.
También figura el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, que habría obtenido 111.822 euros, así como regalos de telefonía; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver, con 17.221 euros y dos coches en los que el encartado se habría ahorrado el IVA; el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez, con 25.400 euros; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido, 852 euros; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios con 2.610 euros y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez 38.929 euros.
Cohecho activo cometido por funcionario
Así, la Fiscalía les atribuía delitos de cohecho activo cometido por funcionario público, reclamando inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Pero al comenzar la sesión, en la fase de las cuestiones previas, el tribunal anunciaba un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de siete de los acusados, en concreto con los inculpados Alfonso Lorenzo Iglesias, Alfonso Martín Barroso, Carlos Manuel Podio, Elías Oliver Morales, Francisco Javier Heredero Pérez, Luis Miguel González Palacios y Miguel Ángel Cruz Garrido, quienes reconocieron los hechos y comparecieron sin afrontar preguntas por las partes.
A tal efecto, la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, emitida el pasado 22 de julio y recogida por Europa Press, declara probado que la dirección de Fitonovo «creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos» y, «al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos».
La empresa se habría servido supuestamente del «pago de comisiones en forma de entregas de efectivo o regalos a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados».
"en connivencia con el funcionario"
Según detalla la sentencia, en las contrataciones restringidas, para las cuales se requiere al menos tres ofertas, «se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa».
En los concursos públicos, Fitonovo habría obtenido «información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas», una información procedente de los funcionarios «en nómina» de Fitonovo.
En ese sentido, entre los hechos probados, la sentencia declara que el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias recibió 1.385 euros en concepto de «ilícita comisión», pues «participó en la fiscalización de los trabajos realizados en 2007» por la empresa, «mismo año en el que constan los pagos» de Fitonovo a este acusado, toda vez que «dichos hechos están prescritos».
Respecto al funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo, la sentencia declara que «no se ha probado» que recibiese 20.000 euros de la trama.
"por favorecer a fitonovo"
En el caso del ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso, indica que recibió «67.336,89 euros por favorecer a Fitonovo en la ejecución de los trabajos», pero tales hechos también «están prescritos».
La sentencia declara que no ha quedado acreditado que el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado recibiese 5.800 euros, si bien los hechos en cuestión están prescritos de todos modos; como tampoco «se ha probado que los directivos de Fitonovo abonaran al ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla», Carlos Manuel Podio, la suma de 111.822 euros, «incluyendo algún regalo de telefónica y trabajos realizados en su finca».
Sí se declara probado que el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver recibió 17.221 euros y mediante Fitonovo se descontó el IVA de la compra de dos coches. También se declara probado que este acusado y el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez recibieron de la trama 5.400 euros, si bien todos estos hechos están también descritos.
Queda igualmente probado que el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido recibió regalos por valor de 852 euros; pero los hechos también están prescritos, quedando probado pero igualmente prescrito que el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios recibiese dádivas por valor de 2.610 euros.
De otro lado, no ha quedado probado que el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez cobrase 38.929 euros de la trama.
También se declara probado que los directivos de Fitonovo abonaron al que fuese jefe de la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación de Córdoba regalos por valor de 2.984 euros, pero también en este caso los hechos están prescritos. Dado el caso, todos los acusados resultan absueltos.
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