Las ayudas contemplan daños en infraestructuras y bienes públicos e infraestructuras agrarias o de otros sectores económicos distintos de los forestales, como bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros; así como, en su caso, de los gastos extraordinarios que, con carácter urgente, se hayan tenido que efectuar como consecuencia del incendio forestal, incluyendo la documentación correspondiente, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Se establece un plazo de 30 días, contados a partir del miércoles 10 de agosto, para que la corporación del municipio afectado pueda presentar las solicitudes de estimaciones de daños, que serán evaluadas por la Oficina Única Postemergencia, que efectuará una valoración económica que se elevará a la Comisión Interdepartamental para su posterior aprobación por el Consell.
Además, la ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo a través del procedimiento de inversión directa o por el procedimiento de concesión directa.
La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias coordinará todas las actuaciones de los diferentes departamentos del Consell y con otras administraciones públicas, en relación con las acciones que deban desarrollarse para conseguir la vuelta a la normalidad, lo más pronto posible, de todas las zonas que se vieron afectadas por el incendio forestal a la que se refiere este acuerdo.
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