El Gobierno acuerda con Andalucía destinar 246,7 millones del Plan de Vivienda 2022-25, el 17% del total nacional

El convenio se rubricó este martes entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, según ha informado el Gobierno por medio de una nota.

Su suscripción garantiza la continuidad de las ayudas del ya finalizado Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

Para ello, la Junta de Andalucía podrá convocar las ayudas con cargo al Plan Estatal 2022-2025 con efectos desde el 1 de enero de 2022.

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El importe que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto destinar a las comunidades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal 2022-2025 asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.

El Plan Estatal 2022-2025 cuenta con cuatro tipos de programas que pretenden facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de viviendas en alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo y mejorar la accesibilidad, y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios.

Hasta la fecha se han suscrito catorce convenios con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El Ministerio ha destinado 1.102.452.000 euros a los 14 convenios que ha suscrito con las comunidades autónomas para afrontar los compromisos financieros durante los cuatro años de vigencia del Plan.

Además de los 246,75 millones destinados a Andalucía ha rubricado los convenios con las comunidades de Aragón (54.834.000 euros); Canarias (76.479.000 euros); Cantabria (27.417.000 euros); Castilla-La Mancha (57.720.000 euros); Castilla y León (77.922.000 euros); Cataluña (209.235.000 euros); Extremadura (43.290.000 euros); Galicia (82.251.000 euros); Islas Baleares (34.632.000 euros); La Rioja (24.531.000 euros); Comunidad Valenciana (164.502.000 euros); Ceuta (1.443.000 euros) y Melilla (1.443.000 euros).