La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha previsto que el anteproyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, que trabaja con la Conselleria de Salud, inicie en septiembre la tramitación con la voluntad de que el Govern lo apruebe en otoño y llegue al Parlament entre finales de año y principios de 2023 para su debate.
En una entrevista de Europa Press, la consellera ha señalado que esta ley supondrá un «salto cualitativo» en el sistema de atención a las personas y que servirá para que esta agencia regule la atención sanitaria en el entorno social, tanto en las residencias como en la atención a domicilio y la salud mental.
Cervera ha remarcado que el Govern ya aprobó la memoria preliminar en febrero y puso el proyecto a consulta pública, y que ahora se trabajará en el redactado con la voluntad de que se apruebe el anteproyecto en otoño por parte del Ejecutivo: «Estamos muy esperanzados con esta agencia», ha subrayado.
La titular de Derechos Sociales ha afirmado que en ocasiones existía una «barrera muy fina» entre su departamento y el de Salud, y que esta agencia será un espacio entre medio de las dos consellerias para regular la atención sanitaria del entorno social.
La Generalitat considera que este órgano debe garantizar la atención integrada a las personas mayores, con discapacidad, con problemas de salud mental y con necesidades complejas, así como facilitar una atención centrada en la persona.
Violant Cervera ha explicado que el Govern también prevé aprobar en septiembre la memoria preliminar del anteproyecto de ley de concertación social.
Rgc-imv
En este marco de la atención a las personas, Cervera ha explicado, respecto a la situación de las residencias catalanas, que el departamento trabaja en la reducción de las listas de espera y en la desinstitucionalización, así como en cambiar el paradigma, hacia unas instituciones más pequeñas y con habitaciones individuales.
Sobre la coexistencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Cervera ha remarcado que está trabajando con el Ministerio de Inclusión para ver como «casar» las dos prestaciones y establecer un convenio de colaboración.
La consellera ha señalado que la RGC es una prestación subsidiaria y un derecho subjetivo, siendo la primera prestación el IMV, y ha remarcado que ahora se pide a los ciudadanos que se incorporan a la RGC que aporten «como mínimo» la solicitud de entrada al IMV.
Pobreza energética
Preguntada por si temen que haya un repunte de pobreza energética y desahucios motivada por la crisis energética, ha dicho que es «evidente» que la subida de precios afectará a las personas, especialmente las vulnerables, y que todos los gobiernos están pensando en cómo afectará de cara al invierno.
Cervera ha afirmado que la Generalitat, tras el acuerdo al que llegó con Endesa para condonar la deuda por pobreza energética a más de 35.000 familias vulnerables, sigue trabajando con el resto de suministradoras para alcanzar medidas similares.
Respecto a la estrategia de la Generalitat ante el sinhogarismo, Cervera ha remarcado que los convenios firmados con áreas básicas de los ayuntamientos deben permitir establecer censos, y espera que en el primer semestre de 2023 se comience a tener datos al respecto.
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