La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aboga por que la reducción del consumo eléctrico sea obligatoria, y lo ha condicionado al margen de ajuste reservado a los Estados miembros.
«Sí somos partidarios, depende de cómo se proponga en términos precisos esta obligación y de qué margen nos den a los Estados para ajustarlo a la manera más justa y razonable de cumplir esta obligación», ha defendido en una entrevista en TV3 este martes recogida por Europa Press, en la que ha puesto el énfasis en --textualmente-- el quién, el cómo y el cuándo se aplica.
Preguntada por si ello tendría efectos en el importe que pagan los consumidores, ha insistido en que el coste de cada tramo horario disminuirá ante el ahorro colectivo porque se necesitará menos participación de las centrales combinadas.
Ha considerado que para reducir el precio de la factura, además de abordar la disminución del consumo, las medidas deben abordar también el precio del gas.
«Si ahorramos mucho pero el gas está muy caro, a lo mejor ese precio del gas muy caro se come el ahorro que hemos generado por ser muy eficientes. Así que necesitamos las dos cosas», ha asegurado.
Por ello, ha instado a establecer un precio máximo a la compra de gas que llegue a Europa procedente de terceros países y por distintas vías, y no únicamente de Rusia a través de tuberías, y ha alertado que un tope no adecuado e insoportable por vendedores, proveedores e intermediarios podría provocar efectos indeseados.
Ribera ha celebrado que la Generalitat haya mandado «muchas propuestas muy interesantes» para el próximo Plan de Contingencia de consumo energético, entre las que ha comentado la posibilidad de utilizar los techos de edificios públicos de uso ciudadano para placas solares.
Tarifa regulada y plan de contingencia
La ministra de Transición Ecológica ve «muy probable» que las medidas incluidas en el llamado escudo social se prorroguen al prever una situación difícil e inestable para los próximos meses, si bien ha alertado que habrá que estudiar cómo ajustarlas.
Se ha comprometido a que la reforma de la tarifa regulada entre en vigor antes del próximo año y ha abogado para que se apruebe en el Congreso a través de tramitación ordinaria para facilitar «la máxima participación».
Ipc y cesta de la compra
Ribera ha insistido en «prestar mucha atención» a la incidencia que tiene la inflación en el día a día de los ciudadanos y ha reiterado que el Gobierno está impulsando medidas para estabilizarla.
Ribera ha abogado por «entender y gestionar con cuidado» la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de alcanzar acuerdos con las grandes distribuidoras para topar precios de productos de alimentación básicos.
«Si uno no introduce las cautelas adecuadas a lo mejor lo que encontramos son efectos indeseados», ha avisado, y ha considerado capital el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y el de Consumo.
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