Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Sequía, liderada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. | MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

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La Junta de Andalucía estudiará en las próximas dos semanas si amplia los dos decretos de sequía que aprobó en la pasada legislatura, dotados en total con 141 millones de euros, para incluir alguna obra de emergencia adicional que sea necesaria, y definirá las peticiones que elevará al Gobierno central para afrontar este problema, que pasarán principalmente por un aumento de la inversión en la Cuenca del Guadalquivir e incrementar la capacidad de las desaladoras.

Éstas han sido las principales conclusiones de la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Sequía, liderada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en la que han participado los responsables de las consejerías de Presidencia, Agricultura, Desarrollo Sostenible, Fomento, Política Industrial y Turismo, que han evaluado la situación de los decretos de sequía aprobados por el Gobierno andaluz, cuya ejecución se encuentra actualmente al 48%.

«Se ha tomado la decisión de que esos decretos de sequía se puedan ampliar», ha explicado en rueda de prensa posterior al encuentro la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. La consejera ha incidido en que se ha analizado cómo están las medidas aprobadas por la Junta y «la orden que ha dado en la comisión de seguimiento el presidente es que se ampliaría si es necesario ese decreto de sequía para abordar alguna obra de emergencia adicional».

Entre los datos sobre la mesa de este viernes figuraba que los embalses están por debajo del 25% de su capacidad, por lo que se han dado quince días, hasta la próxima reunión, para plantear si son necesarias más actuaciones «de emergencia». También para definir las peticiones más urgentes que dirigirán al Gobierno central, que pasan por un lado en aumentar su decreto de sequía, que destinaba una inversión de alrededor de 9,6 millones a la Cuenca del Guadalquivir, y dar más capacidad a las desaladoras a través de una apuesta por bastidores de emergencia.

Crespo ha subrayado que el Gobierno central tiene competencias sobre el 67% de la Cuenca del Gudalquivir, un dato que ha usado de referencia para comparar los 141 millones invertidos por la Junta y los 9,6 destinados a la cuenca desde Moncloa. «Les vamos a pedir que el decreto de sequía se aumente. Es muy poca cantidad para un Guadalquivir con necesidad y con una sequía pertinaz extrema».

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Dentro de esa ampliación del decreto de sequía del Gobierno central, Andalucía pedirá, entre otros, «sondeos de emergencia» y la posibilidad de balsas. «Puede aumentarse ese decreto de forma urgente», ha insistido la consejera, que ha remarcado asimismo que estas peticiones no se basan en el enfrentamiento entre administraciones.

«No es cuestión de confrontación», ha apuntado antes de agregar que «Andalucía necesita al Gobierno de España en sus competencias para que actúe a largo plazo y de emergencia». «Tienen que arrimar el hombro», ha considerado la consejera, que ha insistido en que se pide que el Estado «actúe de emergencia y también a largo plazo en esta comunidad autónoma para que podamos ir solventando este problema en el futuro», dado que la sequía «no es coyuntural, es estructural» por el impacto del cambio climático.

En este sentido, ha subrayado que Moreno ha pedido a sus consejeros que «arrimemos el hombro incluso donde no tengamos competencias para seguir adelante y solventar situaciones de dificultad para muchos municipios y fundamentalmente sectores productivos», como la ganadería y agricultura, «base económica del PIB andaluz».

La junta pide al gobierno "repensar" el trasvase tajo-segura

Crespo también se ha referido al acuerdo de la Comisión Central del Acueducto Tajo-Segura para autorizar un trasvase de agua desde la cuenca cedente de 7,5 hectómetros cúbicos para septiembre, que se destinarán únicamente a abastecimiento humano, una decisión que ha instado a repensar por el impacto que tendrá para la agricultura del norte de la provincia de Almería.

«Le estamos pidiendo que piense y esta decisión que ha tomado la vuelva a pensar estableciendo un riego de socorro para los agricultores de la zona», ha sostenido la consejera, que ha dicho entender que «por parte de una administración se tengan que tomar decisiones difíciles», pero ha pedido que éstas sean también «equilibradas» y basadas «en informes científicos y no en decisiones políticas».