Así lo han explicado los tres portavoces de la coalición --Àgueda Micó por Més-Compromís, Alberto Ibáñez por Iniciativa y Juan Ponce por Els Verds-- tras la reunión de este martes por la tarde. La semana pasada, Puig (PSPV) anunció que la reforma incluiría una nueva tarifa autonómica del IRPF, que no concretó, para todos los que cobren menos de 60.000 euros al año, además de garantizar que los más ricos «pagarán igual que hasta ahora».
En cambio, Compromís considera que la reforma no debe limitarse únicamente en el IRPF porque «no hay que confrontar a los trabajadores que tienen salarios precarios con los que no», sino que el debate tiene que centrarse en que los que más acumulan aporten más, en palabras de Ibáñez.
Por ejemplo, a su juicio, un valenciano con una renta de tres millones podría pasar de aportar un 2,12% de impuesto de patrimonio a un 2,55% y «todavía así seguiría siendo muy rico».
La coalición también defiende la posibilidad de crear un impuesto al lujo para «intentar corregir una pequeña trampa muy habitual», el de poner bienes de uso particular como coches, yates o jets a nombre de una empresa para no tributar.
«No podemos bajar los ingresos», ha resumido Ponce, mientras Micó ha insistido en que los valencianos no pueden estar «discriminados» en los fondos que recibe la Comunitat del Estado y que es algo que sus representantes en Madrid seguirán reivindicando hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
Preguntados por la posición de Puig, los portavoces han recordado que un gobierno de coalición se basa en la codecisión y que la propuesta de una parte no está sobre el resto, además de defender que la posición de Compromís está más alineada con los expertos que asesoran a la Generalitat sobre la reforma fiscal.
Habrá acuerdo si hay coherencia en ingresos y gastos
«No somos de negociar con líneas rojas, pero de esta crisis se sale de otra manera: que la clase trabajadora pague menos impuestos y que los que se están forrando en esta situación aporten más», ha recalcado Ibáñez, garantizando que habrá acuerdo con el PSPV si el presupuesto de la Generalitat es coherente en ingresos y gastos.
En su posicionamiento por escrito, la ejecutiva recuerda que el pacto del Botànic II incluyó el compromiso de aumentar la progresividad del tramo autonómico del IRPF, así como que la propuesta de los grupos parlamentarios del tripartito aprobada la semana pasada en el Debate de Política General abogaba por una mayor contribución de las rentas altas.
De ahí que la dirección de Compromís haya acordado mostrar su apoyo al equipo negociador de la coalición en el seno del Consell para lograr una reforma fiscal «coherente», además de reiterar la necesidad de lograr inmediatamente un nuevo sistema de financiación autonómica y de trabajar por unos presupuestos de la Generalitat para 2023 que tengan como prioridad los ejes del Botànic.
En este posicionamiento no se hace referencia a otras peticiones que planteó la coalición tras el anuncio de Puig, como reducir de 60.000 a 50.000 euros el límite de los ciudadanos que se beneficiarían de la rebaja del IRPF, incluir un nuevo tramo entre 150.000 y 200.000 euros. Tampoco se menciona su rechazo a la deducción fiscal de cien euros en las hipotecas para rentas de hasta 30.000 euros ni su insistencia en crear un impuesto para las bebidas azucaradas.
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