El Defensor del Pueblo ha dado por suspendida la investigación sobre el caso de las menores tuteladas en centros de la Comunidad de Madrid que supuestamente fueron explotadas sexualmente por una organización criminal en los últimos años, «en tanto no fuera necesario atender a nuevos elementos que aconsejasen continuar con esta intervención».
«Esta Institución ha recibido cumplida respuesta a la información solicitada en relación a la actuación de oficio, cuyo objeto es conocer las medidas y protocolos contra abusos o posible explotación sexual de menores en el sistema de protección. Agradeciendo la colaboración prestada, le saluda muy atentamente», escribe el Defensor, Ángel Gabilondo, en una carta enviada a la Consejería de Familia y Juventud a la que ha tenido acceso Europa Press.
A principios de este año, la Institución envió un requerimiento a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de Madrid, tras conocer casos de menores tutelados por esta Comunidad que habían sido presuntamente víctimas de abusos o de explotación sexual, en relación a la llamada 'Operación Sana', que se dio a conocer por la Policía Nacional el 3 de enero.
Dos días después, el Defensor envió una misiva al departamento que dirige Concepción Dancausa solicitándole, en primer lugar, la remisión de cuanta información considere pertinente «para tener un mejor criterio sobre la situación descrita en los medios de comunicación».
Al mismo tiempo, solicitaba el conocimiento de la existencia y desarrollo de los protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se encuentren en régimen de protección social y usuarios de los distintos centros y recursos de protección de menores, según su tipología.
También, las actuaciones y medidas previstas en su caso para mejorar la atención a menores susceptibles de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos; además «de otros datos o informaciones que considere de interés para una mejor comprensión de la situación, las dificultades existentes para la atención y detección de estos menores y las observaciones sobre las noticias aparecidas».
En mayo, el Defensor del Pueblo extendió una actuación de oficio con las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades autónomas, además de con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados.
Asimismo, requirió detalles sobre la aplicación del Plan Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas el pasado 5 de mayo.
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