El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado este martes la «total sintonía» mostrada por la hermandad de la Macarena con el contenido de la carta que le ha remitido dicho departamento instando a retirar de la basílica de la cofradía la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, merced a la reciente reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática. Además, ha asegurado que su departamento va a «ayudar» a que la exhumación «se realice de una manera correcta, respetuosa y en la intimidad».
En una entrevista en Canal Sur Televisión, el secretario de Estado de Memoria Democrática ha explicado que tras remitir su departamento la mencionada carta a la hermandad, este mismo lunes mantuvo una conversación telefónica con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, quien según sus palabras ha mostrado su «total sintonía» con la carta, que requiriere la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del templo de la entidad.
Para Fernando Martínez López, también es «bastante indicativo» que «inmediatamente» después del envío de la citada carta por parte de su departamento, el hermano mayor de la Macarena le remitiese de su lado una misiva asegurando que «la decisión de la cofradía es hacer cumplir la Ley y que ya se había puesto en contacto con los familiares» de Queipo de Llano y Francisco Bohórquez.
Así, ha destacado que «la idea fundamental es trabajar cuanto antes para resolver esta cuestión», insistiendo en que la hermandad ha mostrado su «total sintonía» con el planteamiento de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
El estado va a "ayudar" para las exhumaciones
Además, ha asegurado que su departamento va a «ayudar» a que la exhumación de Queipo de Llano y Francisco Bohórquez «se realice de una manera correcta, respetuosa y en la intimidad», remitiendo a la hermandad de la Macarena «un protocolo» a seguir para la operación. También ha precisado que la Ley recoge que son los titulares de los espacios, en este caso la hermandad, quienes corren con los gastos de las exhumaciones derivadas de la misma.
Y es que el artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria Democrática estipula que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura».
La nueva ley
Es más, el artículo 35.5 señala directamente que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
La citada carta estatal fue emitida después de que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestase ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática que su entidad estaba «esperando que le digan qué tiene que hacer»; considerando que la entidad no debe tomar una «decisión» propia al estar sus hermanos «divididos» sobre el asunto y urgiendo al Gobierno a «arbitrar» un decreto para resolver la situación.
Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
La ley autonómica
En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares».
Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban «palmarias diferencias» entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un «lugar privado de uso público».
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