Piden al Ayuntamiento de Córdoba que cumpla la Ley con la tumba del general franquista Ciriaco Cascajo

En este sentido y en un comunicado remitido a Europa Press, el colectivo memorialista ha recordado que este «es un tema denunciado por Aremehisa desde el año 2018, sin que hasta el momento ningún gobierno local haya movido ni un solo dedo para la eliminación de esta exaltación» del franquismo y de su principal valedor en Córdoba desde el intento de golpe de Estado de 1936, pues, durante los tres años de la Guerra Civil, fue el gobernador militar de Córdoba y bajo su mando fueron fusiladas miles de personas de tendencia republicana.

Se da la circunstancia de que, además, según ha lamentado Aremehisa, la tumba de Cascajo (1878-1953) «fue situada a muy pocos metros de una fosa común de represaliados», fusilados por bajo sus órdenes, «en el interior del Cementerio de la Salud».

Por si ello no fuera suficiente, el colectivo memorialista ha señalado que en la lápida de la tumba del general golpista se recoge lo siguiente: 'Yace aquí el cuerpo del Excelentísimo Señor Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936. El Ayuntamiento de la ciudad le concedió este sepulcro en señal de perenne gratitud".

Ante esto, desde Aremehisa se ha recordado que la Ley de Memoria, en su artículo 35 establece que «se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

De igual modo, según ha subrayado el colectivo memorialista, en la Ley se señala que «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Además, según ha concluido Aremehisa, «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos».