El portavoz del Ejecutivo Vasco, Bigen Zupiria, ha informado que, antes de concluir la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en Vitoria, se ha abordado este tema entre los consejeros y el Lehendakari.
Zupiria ha recordado que, en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE, existe un compromiso de defender «los derechos de todas las víctimas, en el que se citan explícitamente y expresamente a las víctimas provocadas por ETA, por el GAL, por otros grupos y por los abusos policiales». «Establece la vía por la que este Gobierno va a actuar para apoyar a las víctimas de estas diferentes violencias», ha asegurado.
En este sentido, ha mostrado, como Ejecutivo, su rechazo «completo a una justificación explícita» como la realizada por Barrionuevo sobre los actuaciones del GAL. Tras apuntar que «sería bueno que se avanzara en el reconocimiento de estas víctimas y sus derechos por parte de los poderes del Estado», ha afirmado que, en la reunión del Consejo de Gobierno, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia (PSE-EE), ha ratificado la «posición clara y contundente» de los socialistas vascos contra las palabras del exministro.
Mendia también ha insistido en que estas manifestaciones de José Barrionuevo «demuestran que algunas personas, a pesar de haber sido juzgadas y haber pasado por prisión, no han hecho el recorrido que se espera de toda persona reinsertada de reconocer el daño causado, que debe ser un objetivo para acompañar a las víctimas, pero también para la resocialización de las personas que han sido juzgadas».
Por su parte, el Iñigo Urkullu ha añadido que «sería conveniente que hubiera un posicionamiento público respecto a esta cuestión, tanto del Gobierno español como del PSOE, como de otros partidos que han tenido también responsabilidades de gobierno, como fueron, en su caso, UCD, Alianza Popular (AP), el PP y Mariano Rajoy».
Humillación a las víctimas
Cuestionado por si cabría recurrir a la vía judicial si constituyeran delito las palabras de Barrionuevo, ha asegurado que, quienes tienen criterio judicial en el Gobierno y han analizado el tema, creen que «posiblemente cabría abordar este asunto desde el punto de vista de la humillación que han sufrido en las víctimas de los hechos que han sido narrados» por el exministro.
Bingen Zupiria ha indicado que, si fuera esa vía posible, correspondería, bien al ministerio fiscal que, por iniciativa propia, analizase «si efectivamente se ha producido esa humillación de las víctimas» o bien también cabría la posibilidad de que alguna víctima del GAL que se sienta «perjudicada y humillada» por estas declaraciones, exigiera esa investigación.
El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que, si se produjera alguna de las dos vías, el Ejecutivo «va a respaldar todas las iniciativas que se puedan plantear, y que busquen el reconocimiento de la injusticia del daño causado y también el conocimiento de la verdad que hubo en las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron como consecuencia de la violencia terrorista».
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