La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que se está «avanzando» en las reuniones con los representantes de los bancos y espera que para el próximo 1 de enero se cuente ya con un catálogo de medidas de «alivio» para las familias españolas «que puedan verse en una situación o riesgo de vulnerabilidad por la rápida subida de los tipos de interés aplicados a las hipotecas».
En una comparecencia ante los medios de comunicación, en Zaragoza, tras reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, en su despacho, ha comentado que las negociaciones están siendo «muy intensas» y ha confiado en que «en los próximos días» se llegue a un acuerdo.
«De hecho, les hemos dado esta semana para cerrar un conjunto de instrumentos que puedan servir para dos situaciones: por una parte, mejorar y ampliar el ámbito del código de buenas prácticas que ya existe para colectivos y familias más vulnerables, que tengan niveles de renta más bajos, aquellas para las que el pago de la hipoteca suponga un porcentaje más importante dentro de su renta mensual», ha expuesto.
Por otra, ha continuado, un nuevo protocolo para tratar de cubrir también a las familias de renta media «que se estén viendo perjudicadas por la rápida subida de los tipos de interés».
Calviño ha detallado que se está abordando con los representantes de los bancos tanto el ámbito de aplicación, como los distintos instrumentos que se pondrían en marcha «y espero que cuanto antes lo adoptemos para que el 1 de enero tengamos ya tengamos ese catálogo».
Arrimar el hombro
Respecto a los impuestos a la banca y las empresas energéticas, ha comentado que éste es el momento «de que todos arrimemos el hombro, empezando por aquellos sectores que están teniendo unos beneficios extraordinarios como consecuencia del alza de los precios de la energía y de los tipos de interés».
Según ha expuesto, tras la pandemia y con la guerra en Ucrania y la inflación, en un entorno de gran incertidumbre, desde el Gobierno de España «hemos adoptado medidas desde el primer momento, con determinación, para apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos más afectados, que tienen un impacto fiscal significativo».
Por eso, y puesto que el sector bancario y energético «están anunciado unos beneficios récord, de miles de millones, tienen margen para contribuir a financiar este apoyo al conjunto de la ciudadanía española, sin que ponga en riesgo ni la concesión de crédito, ni el crecimiento económico, ni las inversiones de futuro, ni el buen funcionamiento de la economía española».
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