La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía se concentra este miércoles 23 de noviembre ante las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias contra el «deterioro» de los servicios públicos básicos en nuestra comunidad y de las condiciones laborales de los empleados públicos que los sustentan. Estas concentraciones, que tendrán lugar de forma simultánea, se desarrollarán bajo el lema 'Servicios públicos, lo primero', y su objetivo es denunciar las «carencias» en sanidad, educación, justicia y en la Administración General autonómica.
Con ello arranca un calendario de protestas con el que se quiere visibilizar la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, que «difiere sustancialmente» de la que describe el Ejecutivo andaluz, según CSIF, que cuestiona además la apuesta que el Gobierno autonómico dice tener por dichos servicios, «con una progresiva externalización de los mismos, como está ocurriendo en la sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o en el servicio del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de Educación».
En un comunicado, la central sindical señala que después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el «deterioro» de los servicios públicos y la «falta de medidas» al respecto del Ejecutivo central, ahora lo hace contra el «déficit de personal» que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo de justicia y de la Administración General de la Junta --competencia de la comunidad autónoma-- y que el sindicato cifra en 45.000 trabajadores.
Además, lamenta que la sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta «con 16.000 efectivos menos», según recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay actualmente 12.000 trabajadores a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las necesidades que cubren.
CSIF reprocha a la Administración que «haya olvidado el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento», a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo.
En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, lamenta la «destrucción» de unidades en la escuela pública, con 1.256 menos en los últimos tres cursos escolares completos, y el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio. Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.
La atención a la diversidad constituye también una asignatura pendiente, ya que el incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el sistema «no es proporcional» el creciente número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de manera que la Junta de Andalucía «quiere hacer más con mucho menos de lo necesario» y esto es lo que provoca que exista una crítica «unánime» por parte de la comunidad educativa en este sentido.
CSIF cifra en 12.000 los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Andalucía para que estuvieran adecuadamente dimensionadas: 6.000 efectivos del Cuerpo de Maestros, 4.600 de Secundaria y 1.400 de PT y AL para la atención a la diversidad.
Por otra parte, en materia de justicia CSIF estima que Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más para poner fin a la justicia tardía, al tratarse un déficit que es histórico y estructural. En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una plantilla muy envejecida además de «no cubrirse» las jubilaciones y las bajas que se producen. Asimismo el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración.
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