El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, en la sesión plenaria. | CORTES DE ARAGÓN.

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El cuatripartito del Gobierno de Aragón --PSOE, Podemos, PAR y CHA-- aprobará esta tarde el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se eleva a 8.250 millones de euros y que entrará en vigor el 1 de enero. PP, VOX y Cs han anunciado su voto en contra en la sesión plenaria extraordinaria que celebran este jueves, 29 de diciembre, las Cortes.

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha dicho que el cuatripartito ha propiciado el «éxito colectivo» de esta legislatura, afirmando que el presidente, Javier Lambán «ha protagonizado la mejor gestión económica de la post-pandemia de este país».

«El cuatripartito ha demostrado que se puede superar esta grave crisis de un modo diferente al del PP», añadiendo que este Presupuesto «va a ser la mejor herramienta para seguir creciendo y redistribuyendo en beneficio de todos los aragoneses», criticando «el eterno discurso del no» del PP y «su fiel escudero», VOX.

En representación de Podemos, Marta de Santos ha dicho que el de 2023 es «el mejor Presupuesto en cantidad y calidad» porque aporta «certidumbres y seguridad», también porque el cuatripartito va a seguir «dejándose la piel por los aragoneses» con estos Presupuestos «realistas y prudentes».

«A Aragón le ha ido bien con este Gobierno», ha continuado Marta de Santos, resaltando la «estabilidad y prosperidad» de la Comunidad gracias a las políticas «progresistas y valientes, que son un referente para toda Europa y el mundo», pese a que la oposición «ha intentado poner palos en las ruedas desde el primer día».

Estrategia de siempre

Desde CHA, Carmen Martínez ha opinado que los populares «siguen con la misma estrategia de siempre», aunque «hasta la patronal se va a avenir a afrontar la negociación para subir el salario mínimo interprofesional», recalcando que las políticas de PP y VOX están «totalmente alejadas» de las del cuatripartito.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha tildado los Presupuestos de «históricos, expansivos, responsables», elaborados «pensando en todos los aragoneses», sin enfoques «románticos o populistas», y que apuesta por el equilibrio territorial, la protección social, las pymes, los autónomos y los emprendedores.

Ha realzado el impulso a la digitalización y la descarbonización de la economía, el impulso a la educación y la conciliación, así como el refuerzo de la sanidad y de la vertebración del territorio.

Presupuesto "lambanista"

La parlamentaria del PP Carmen Susín ha asegurado que este Presupuesto es «lambanista» porque la tramitación denota «prepotencia, soberbia y falta de respeto a los grupos de la oposición» al considerar que no ha habido debate ni negociación de las enmiendas.

Susín ha dicho que los aragoneses son los que más impuestos pagan, pero también los que más esperan para ser intervenidos quirúrgicamente y tienen las «peores» prestaciones de dependencia. Además, «nos va a intervenir el Ministerio de Hacienda porque no pagamos las facturas».

El Presupuesto, ha añadido Susín, se basa en «falsedades» porque «una vez más, Lambán dice una cosa y después hoy votará la contraria», haciendo notar que en el proyecto de ley no figura la partida de la ayuda de 200 euros para las familias vulnerables anunciada semanas atrás.

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha observado que su partido solo verá aprobadas 4 enmiendas de 158, con un montante de 75.000 euros, de un Presupuesto de 8.250 millones de euros, afirmando que la Ponencia de enmiendas, donde se han tramitado 1.008 propuestas en dos días, «se ha convertido en un procedimiento de retoque técnico de lo que había traído el Gobierno de Aragón».

La parlamentaria de VOX, Marta Fernández, ha expresado que «los servicios esenciales son hoy peores» que antes, añadiendo que «un Presupuesto que no se ejecuta es pura propaganda», tras lo que ha opinado que «la apisonadora de Lambán» aprobará «los Presupuestos de la imposición, que reflejan de qué manera hace política la izquierda».

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha aseverado que este es un «momento crítico» al coincidir las crisis de rentas, inflación, desigualdad y pobreza, el fin de las energías baratas y el deterioro del equilibrio ecológico. Ha apostado por reforzar los servicios públicos y ha criticado que no se garantiza el reparto de la riqueza por la vía fiscal, tampoco se avanza en la igualdad salarial, además de que continúa el impulso a la colaboración público-privada con «poca audacia y mucha mediocridad».