Según expone en el recurso, registrado el 2 de enero y consultado por Europa Press, este proyecto adolece de una serie de carencias que suponen su nulidad de pleno derecho, como asegura que advirtió ante el consejo de administración de la APV, en el que votó en contra, al igual que hizo el alcalde de València y también miembro de Compromís, Joan Ribó. «Es mi deber y obligación intentar reconducir la gestión hacia la legalidad administrativa», defiende.
Castañón, que también pide la suspensión cautelar del acuerdo impugnado, basa su recurso en que la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a la ampliación norte fue formulada en 2007 y en que la primera fase de las obras concluyó en 2012, advirtiendo que «no consta que la APV encargase la redacción del proyecto ni plantease en momento alguno la ejecución de la fase segunda en los términos de sus propias previsiones y documentos aportados al proceso de evaluación ambiental».
Por contra, denuncia, Valenciaport decidió «unilateralmente» replantearse la configuración de las nuevas terminales y adoptar una solución que expresó en el anteproyecto de 2018, que «incorporaba no solo el cambio de ubicación de la nueva terminal en el lado norte de la dársena sino también la ampliación del dique de abrigo en 505 metros, la demolición de 1.036 metros el contradique norte y nuevos y más extensos dragados por un volumen total de 21.392.820 metros cúbicos».
El consejero señala que este cambio de configuración, «además de implicar la demolición del dique anterior recientemente construido con financiación europea, eludía cualquier previsión relativa a los necesarios trabajos de consolidación de los diques antiguos norte y este». Advierte así que el anteproyecto era «sustancialmente diferente» al que fue favorable la DIA de 2007, además de subrayar que «no consta que se haya recabado la autorización expresa de su entidad pública matriz» (Puertos del Estado).
Es más, alerta que «la APV ha anticipado otras actuaciones con repercusión directa más allá del área de actuación inicial y que no aparecían en el estudio de impacto», como la nueva terminal pública de pasajeros «en un emplazamiento sin sometimiento a evaluación ambiental alguna».
En consecuencia, el secretario autonómico defiende que los «cambios sustanciales» entre el proyecto informado mediante DIA y el vigente acuerdo ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) requieren contar con una nueva DIA, ya que de lo contrario «estamos ante una nulidad de pleno derecho de la decisión adoptada».
Otra de las razones que esgrime es que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental concretó en cuatro años la vigencia de las DIA, con el cese de sus efectos si no se hubiese comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. Esto demuestra, a su parecer, que la fase segunda de la ampliación carece de DIA.
«Pretender una vigencia intemporal de la DIA de 2007 respecto de las actuaciones contempladas pero voluntariamente no ejecutadas por el promotor (...) es radicalmente contrario al ordenamiento jurídico», insiste, y sostiene que abordar las obras en dos fases fue «una decisión voluntaria de la propia APV».
"tiempo excesivo" desde la dia
A nivel medioambiental, hace notar que los más de 15 años transcurridos desde la DIA «son un tiempo excesivo en el que la evidencia de los nuevos riesgos no ha hecho más que extenderse», algo que defiende recordando la declaración de emergencia climática aprobada por el Consell en 2019 y por el Consejo de Ministros en 2021.
Y también recuerda los condicionantes que puso al proyecto el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para el cumplimiento de la estrategia marina del entorno, así como el auto dictado el mes pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid n el que suspendió cautelarmente una resolución de marzo de 2021 del Miteco que posibilitaba que la APV pudiera decidir por sí misma la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación.
Por todo ello, Iván Castañón pide declarar nulo el acuerdo «con todas las consecuencias jurídicas que ello implica», tras alertar que «estamos ante un proyecto de consecuencias claramente de difícil o imposible reparación».
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