El Gobierno andaluz ha desestimado este martes sumarse a las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), para dar más información y disuadir a las mujeres demandantes de la práctica de un aborto, aun cuando las ha calificado de «medidas que son informativas, que aumentan la cartera de servicios» de la Comunidad Autónoma y que la polémica generada, por tanto, obedecen a «una mala explicación», en palabras de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha buscado zanjar el debate sobre si Andalucía seguiría un camino similar al de Castilla y León bajo el argumento ofrecido de que supone ampliar la cartera de servicios con la idea de que «ese problema no está en la agenda de la Junta de Andalucía» por cuanto «esta polémica no existe en Andalucía».
Fernández-Pacheco ha sostenido, ante la pregunta de la compatibilidad entres los 700.000 euros destinados a asociaciones antiabortistas en el Presupuesto de 2023, que ha denunciado la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, con la posición de Andalucía divergente de Castilla y León, que «el posicionamiento, la línea de trabajo de la Junta de Andalucía es clara y conocida», que ha concretado en dos máximas: «siempre respeto a la mujer y educación y prevención para evitar embarazos no deseados».
El portavoz del Gobierno andaluz ha considerado que se trata de «una polémica estéril que zanjó el presidente de Castilla y León», de la que ha remarcado, frente a la propuesta del vicepresidente García Gallardo, que «es la única opinión válida», de la que ha considerado que es fruto de «solo de aquéllos que tienen en la cabeza la polarización», entre los que ha mencionado a PSOE y Vox.
Fernández-Pacheco ha defendido que haya dinero del Presupuesto de la Junta de Andalucía a organizaciones antiabortistas por considerar que «es compatible atender el apoyo a asociciones que piensan diferente», antes de lamentar que la diatriba suscitada obedece a quienes «solo piensan en sacar votos» con el argumento de que «Vox necesita al PSOE y el PSOE necesita a Vox», convencido de que «si no hubiera elecciones en mayo no estaríamos hablando de esto».
Catalina García ha planteado que cuando las competencias sobre familias estuvieron en la Consejería de Salud este departamento mantuvo colaboración con asociaciones, entre las que ha citado a Red Madre, que proporcionaban «ayudas para facilitar la vida de las mujeres que habían decidido ser madre», tras poner de manifiesto que «tan legítimo es no ser madre, como serlo luego más tarde».
Cuestionada por el requerimiento de incompetencia que plantea el Gobierno a la Comunidad de Castilla y León, la consejera de Salud ha considerado tras mencionar el hecho de «la petición del Gobierno, incluso, del 155», que «ellos tienen mucho que callar, que corregir», para aludir entonces a que «debería empezar por la ley del 'solo sí es sí'», de la que ha recordado que ha propiciado que «181 personas hayan visto reducidas sus condenas y 23 estén en la calle», a lo que ha sumado que «150 personas están pendientes en Andalucía» de esa revisión de condenas.
«Que no intenten tapar sus vergüenzas cuando el presidente (Alfonso Fernández Mañueco) ha explicado que es información y aumento de la cartera de servicios», ha señalado García, quien ha esgrimido que Castilla y León «es competente para hacer un aumento de la cartera de servicios y de dar más información».
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