La Mesa del Agua de Almería ha lamentado «profundamente» el refrendo al «recorte» en el trasvase Tajo-Segura aprobado por el Consejo de Estado que supone «avalar» la «pérdida de 15.000 empleos» y la «reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros en Almería, Murcia y Comunidad Valenciana».
En un comunicado, el portavoz, Fernando Rubio, ha indicado que, si bien el dictamen «no es vinculante», sí es «un ataque frontal» a los regantes del Levante que ahora debe pasar por el Consejo de Ministros.
Rubio ha trasladado que supone el paso a siete metros cúbicos por segundo de caudal ecológico, hasta llegar a los 8,65 metros cúbicos por segundo «cuando odos los informes técnicos independientes avalan el caudal actual».
«Esta decisión va a suponer un recorte del 50 por ciento de los caudales que se venían recibiendo desde hace más de cuarenta años en Almería. Va a ser un agua que va a ir al mar, sin que se beneficien ni los regantes de la cuenca del Tajo, ni los abastecimientos ni el hábitat del río», ha criticado.
Al hilo de esto, ha augurado «la reducción del agua que llega a Almería, Alicante y Murcia en 100 hectómetros cúbicos al año» y lo ha calificado de «disparate» con el que el Gobierno «pone contra las cuerdas a los regantes y al sector agrario».
«Hace buena una decisión política que carece de justificación técnica y que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados», ha remarcado.
Rubio ha detallado que con esta decisión la «disminución» de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hectómetros cúbicos, lo que supondría 78 hectómetros cúbicos menos para regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento.
Asimismo, según ha dicho, esta reducción de los volúmenes disponibles «supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros».
«Otra de las consecuencias directas de esta disminución de las aportaciones del Trasvase se traduce en un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, ya que se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor ya que desde el año 2003 hasta ahora la tarifa se ha triplicado, por la incorporación de aguas desalinizadas», ha concretado
Rubio ha aludido a que el Miteco «tiene previstas numerosas medidas de mejora de los sistemas de depuración de los caudales que vierten al río, así como de modernización de los regadíos de la cuenca del Tajo», lo que «evidencia que no es la falta de caudal del río la causa de que no alcance el buen estado ecológico».
«Nos llevan a considerar que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España cuando en estos momentos no existe ninguna alternativa a la disminución del volumen de agua disponible», ha afirmado.
Por último, ha reseñado que el precio del agua desalada en la actualidad «supone costes superiores a 1,40 euros metro cúbico para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares».
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