Los agentes han comparecido esta mañana para conocer su imputación, paso previo en el marco de los trámites para enjuiciar los hechos por la ley del Tribunal Jurado. En la vista, las partes se han pronunciado respecto a la celebración del juicio oral.
El fiscal ha solicitado que se juzgue solo al subinspector del operativo por un delito de allanamiento de morada mientras que ha pedido que se levante la imputación respecto a los otros cinco agentes. La defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, ha solicitado el sobreseimiento.
Los hechos se produjeron el 22 de marzo de 2021 cuando los agentes entraron por el método del resbalón para disolver una fiesta ilegal que tenía lugar en plena pandemia.
Este caso se produjo un día después de los hechos que desembocaron en otro caso judicializado y que se juzgará contra seis agentes de la Policía Nacional por un delito de allanamiento de morada en la calle Lagasca de la capital.
Se da la circunstancia de que tres agentes coinciden en los dos operativos, entre ellos el subinspector al mando del dispositivo de ambas intervenciones.
En sendos casos, la acusación particular es ejercida por el despacho penalista Ospina Abogados. En la vista de esta mañana, el letrado Juan Gonzalo Ospina ha solicitado al juez que se remita un oficio a la Jefatura Superior de Policía para conocer quién es el responsable del Turno de esa patrulla o el mando y si el dio la orden a sus subordinados.
También pide un oficio para que se remita a la causa el Protocolo de actuación del Ministerio del Interior en materia de entrada de inmuebles de la jefatura superior.
La jueza acordó el pasado mes de octubre la transformación de las actuaciones en procedimiento ante el tribunal del jurado. Entiende que los hechos perseguidos pueden ser constitutivos de un delito de allanamiento de morada.
Para ello, citó a los imputados, a los perjudicados y a las demás partes personadas a la comparecencia al objeto de concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir diligencias de investigación.
Los policías solicitaron en noviembre la nulidad del auto de trasformación de las diligencias y el auto por el que se admitió la querella al considerar que se han vulnerado sus derechos al no conocer la imputación que pesa sobre ellos.
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