Según ha indicado la organización ambiental en una nota de prensa, WWF solicita en su petición que se facilite copia de la Proposición de Ley, de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales como el de incidencia territorial o la Evaluación de Impacto Ambiental.
En este sentido, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha explicado que es «necesario» que el Consejo de Participación de Doñana se reúna «cuanto antes» y «sea informado de todos los detalles de una proposición de ley que es perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca».
«Estos dos partidos han presentado la propuesta sin importarles la gravísima brecha social e institucional que ha abierto y a la que ya se opusieron frontalmente durante 2022 organizaciones ecologistas, sociales, sindicales, organismos internacionales y supermercados. También consumidores, investigadores e, incluso, una parte importante de los propios agricultores de Doñana, muchos de ellos con representación en el Consejo de Participación», ha apuntado.
Por otra parte, en su petición, WWF insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o la Confederación Hidrográfica que entreguen copia del informe preceptivo que «debe acompañar a la modificación», ya que «afecta directamente a la gestión de los recursos hídricos, competencia del Estado».
«Si este informe no se ha emitido, se pide que uno de estos dos organismos informe al Pleno de si la modificación se adecúa a las indicaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en especial, el posible aumento del suelo agrícola regable, sea con aguas superficiales o subterráneas», señala la ONG en su escrito.
Por último, WWF reclama que se presente el listado y cartografía de las fincas que «se beneficiarían de la modificación» y que deben ser conocidas por Vox y PP que se refieren a ellas como «650 explotaciones» en la exposición de motivos.
Por todo ello, WWF ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «haya decidido desoír todas las voces en contra y, sin datos ni justificación técnica, haya presentado a trámite esta peligrosa iniciativa legal».
Asimismo, organización ha señalado que esta proposición de ley «está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar y han sido denegados por los tribunales españoles», así como o una «supuesta retroactividad injusta» que también «ha sido descartada por los jueces, que no han anulado ni uno solo de los artículos del POTAD o del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD)».
Por último, WWF ha señalado que el procedimiento escogido «no respeta el procedimiento previsto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que establece que la Junta es la competente en esta materia y tiene entre otros objetivos evitar la participación pública».
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