Así se recoge entre las reivindicaciones de una proposición no de ley (PNL) presentada por dicho grupo parlamentario para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativa a la erradicación de los asentamientos irregulares donde se produce la vulneración del acceso a derechos humanos esenciales, y consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado 28 de febrero admitir a trámite esta iniciativa para su debate en la citada Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y dar traslado de ese acuerdo al Gobierno, al Senado y al grupo proponente.
En concreto, con esta iniciativa, el grupo confederal de Unidas Podemos quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a «solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la presentación de un plan para la erradicación de los asentamientos irregulares en los municipios de Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera en la provincia de Huelva, haciendo referencia al uso de los mecanismos habilitados en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con un calendario de actuaciones y que incluya las alternativas habitacionales y los programas de integración sociolaboral para la población incluida».
Por otro lado, la iniciativa contempla también pedir al Ejecutivo central que solicite al Gobierno de la Comunidad de Madrid «la presentación de un plan para la erradicación de las infraviviendas de los sectores 4, 5 y 6 del asentamiento irregular de la Cañada Real Galiana y el realojo de la población residente en dichas infraviviendas atendiendo a criterios de vulnerabilidad socioeconómica y haciendo referencia al uso de los mecanismos habilitados en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con un calendario de realojos, que incluya las actuaciones necesarias para el acceso al suministro de electricidad de forma inmediata».
En la exposición de motivos, el grupo proponente alude a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cita el objetivo número 11, sobre 'ciudades y comunidades sostenibles', que «focaliza la apuesta de la Agenda 2030 por lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», teniendo entre sus «metas» la de «asegurar, de aquí a 2030, el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales».
Tras la visita del relator especial de la onu en 2020
Además, desde Unidas Podemos citan en esta iniciativa la publicación, por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, de una Declaración sobre la conclusión de su visita oficial a España entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, «alertando de la especial vulnerabilidad de la población inmigrante y, más concretamente, de las personas que viven en asentamientos irregulares en la provincia de Huelva, estimando que esta situación afecta a entre 2.300 y 2.500 personas».
A través de este llamamiento, el Relator Especial de las Naciones Unidas --continúa la iniciativa del grupo confederal-- «advertía de las duras condiciones de vida de estos asentamientos, lejanos a suministros de agua potable y carentes de electricidad y de sistemas de saneamiento adecuados».
Además, el informe resaltaba «que esta población temporera se encuentra con grandes dificultades para poder acceder a una vivienda en alquiler y al resto de servicios públicos básicos, lo que, sumado a sus bajos recursos socioeconómicos, les impide poder ejercer una vida digna y plena», relata la exposición de motivos de la PNL.
La iniciativa de Unidas Podemos añade que a esta declaración «se suma la comunicación conjunta recibida por el Gobierno de España el 30 de abril de 2020 (...), suscrita por varios procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, igualmente referida a la situación de los trabajadores agrícolas que residen en los asentamientos de inmigrantes en Huelva, en la que alertan del incumplimiento de varios derechos recogidos en distintos tratados internacionales suscritos por España».
«A ello se suman las actuaciones de oficio realizadas, desde el año 2001, tanto por el Defensor del Pueblo, como por el Defensor del Pueblo Andaluz, que han incluido visitas a los asentamientos y su posterior seguimiento», subraya también Unidas Podemos, que en su proposición no de ley también explica que la citada Declaración del Relator Especial «alertaba asimismo de la situación de extrema precariedad en la que viven las personas que residen en la Cañada Real Galiana de Madrid», un asentamiento «poblado por más de 8.000 personas» con «difíciles condiciones de vida», según apostilla la iniciativa.
Unidas Podemos remarca además en su proposición no de ley que, «teniendo en cuenta la distribución competencial y atendiendo a las emergencias señaladas, el Gobierno de España ha consignado fondos específicos al desarrollo de programas para paliar las situaciones» de esos dos entornos --el de la provincia de Huelva y el de la Cañada Real--; en concreto, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La iniciativa alude así al Real Decreto 983/2022, de 22 de noviembre, aprobado por el Consejo de Ministros «a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030», por el que «se regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y de Moguer para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios».
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