Con esa futura norma el PP-A aspira a establecer «un conjunto de medidas para su protección jurídica y material, así como medidas de apoyo», dentro de lo que supone una de las cuatro demandas que contempla en esta iniciativa parlamentaria.
La siguiente tarea que quiere encomendar el PP al Gobierno andaluz es «continuar implementando el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz», del que reclama que se adecúe «a las previsiones de la futura Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía».
En este punto el PP demanda otras cinco submedidas tales como establecer «un régimen sancionador de agresiones» para que recaigan sanciones económicas en los usuarios «proporcionadas al daño causado», a lo que suma «realizar un mapa de calor para la identificación de las agresiones a sanitarios por zonas de Andalucía», además de «mejorar la información contenida en las tarjetas identificativas del profesional» para poder encontrar «el equilibrio entre el derecho de los pacientes a conocer el profesional que los atiende y la protección del profesional».
La PNL del PP plantea dentro de ese Plan de Prevención y Atención de Agresiones contra las profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) «campañas de concienciación dirigida a la población» para remarcar la labor del profesional y recordar también que «la agresión es un delito recogido en el Código Penal», además de «poner en valor la figura del Interlocutor Policial Sanitario».
En este apartado aboga el PP por «equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos en la cartelería de los centros dirigidas a los usuarios», para quienes propone «deberes individuales» como «cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros», además de «mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicios en los mismos».
Observatorio de agresiones
El PP propone en tercer lugar al Gobierno andaluz «crear un Observatorio de Agresiones» que propicie «conseguir medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones» y que sirva de «instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se van adoptando dentro del área de la función pública».
Por último, los populares andaluces defienden un requerimiento genérico para que el Parlamento «manifieste su rechazo a las agresiones que han sufrido los profesionales de los centros sanitarios en el ejercicio de sus funciones en Andalucía».
En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria del PP-A apunta que la evolución de las agresiones registradas «muestra un descenso desde el año 2019, tanto en lo que a agresiones físicas y no físicas se refiere, disminuyendo la tasa de agresiones en casi dos puntos» para considerar que «este descenso no es suficiente», después de advertir de que «se vuelven a recoger valores absolutos de agresiones registradas similares a la época de prepandemia» y apostar por «continuar reforzando los instrumentos jurídicos necesarios» para que «los profesionales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad».
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