El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero ha subrayado que las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.
Así lo ha defendido ante los medios de comunicación el propio exconsejero instantes antes de declarar este jueves en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos.
Reyero ha subrayado que los protocolos de derivación fueron «de exclusión» y en virtud de ellos «se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad». «Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas», ha recalcado el exconsejero.
En este sentido, ha incidido en que, además, «no hubo alternativas» a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus «no se atendió a personas de residencias» y tampoco «se medicalizaron las residencias».
«Realmente las personas quedaron abandonadas a su suerte», ha insistido Alberto Reyero, quien ha respaldado esta afirmación en un informe de Amnistía Internacional.
Preguntado por la responsabilidad de lo sucedido, el exconsejero ha precisado que eso no le corresponde a él sino al juez, aunque sí ha reconocido que «se pueden sacar conclusiones» de todo lo que ha ido diciendo tanto en pronunciamientos públicos como en su libro 'Murieron de forma indigna'. «Yo creo que ya he dicho bastante», ha sentenciado.
Alberto Reyero ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla 15 minutos antes de las 10.00, hora a la que estaba citado por el juez Arturo Zamarriego, responsable del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital que lleva la causa.
SU «PRIMER PENSAMIENTO» PARA LAS VÍCTIMAS
Allí, el exconsejero ha dedicado su «primer pensamiento» a los fallecidos y sus familiares, los cuales «siguen sufriendo» que «todavía no se haya depurado ninguna responsabilidad» ni se haya «esclarecido la verdad». «Mi declaración irá en ese sentido», ha apostillado Reyero, que ha defendido que acude a testificar «con absoluta tranquilidad», ya que «siempre» ha contado «la verdad», algo a lo que este jueves está obligado como testigo.
Asimismo, ha mostrado su esperanza en que su testimonio pueda ayudar a los familiares a aclarar lo sucedido, aunque ha incidido en que no depende de él, sino el juez cuando decida si sigue adelante o no con el proceso.
El juez Zamarriego ha citado este jueves como testigos tanto a Reyero como al exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur en relación con el procedimiento que investiga tres querellas presentadas por Marea de Residencias contra la residencia DomusVi Albufera de Madrid por la muerte de tres ancianas.
Las querellas se dirigen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se investigan delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.
Precisamente Marea de Residencia se ha concentrado a las puertas de los Juzgados para pedir justicia y exigir que se depuren responsabilidades por estos protocolos. Allí, una de las portavoces de esta plataforma, Carmen López, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la citación de ambos ex altos cargos del Gobierno regional ha sido «una primera buena noticia» tras «300 y pico querellas» en las que «ningún juzgado había llamado a declarar» a los responsables en aquel momento tanto de la Consejería de Políticas Sociales --Reyero--, como el firmante de los protocolos --Mur--.
«ES ESPERANZADOR»
«Sinceramente, pues es esperanzador», ha aseverado López, quien ha reconocido que aunque no saben «qué pasará» tras estas declaraciones, les gustaría que «esto se investigase», ya que «el mismo Tribunal Supremo dijo precisamente en su auto de diciembre de 2020 que habría que investigarse estas resoluciones prohibitivas que impidieron derivar a hospitales a personas vulnerables que realmente tenían derecho a ello».
En este sentido, la portavoz de Marea de Residencias desea que lo ocurrido este jueves en Instrucción 9 se repita en «más juzgados» y se llegue «al fondo de la cuestión».
Carmen López considera que un testimonio como el de Alberto Reyero «debería ser clave», al tratarse de una persona «que ha vivido en primera persona» lo ocurrido como responsable de la Consejería que llevaba las residencias y al que «la Consejería de Sanidad le quitó el mando para asumir un mando único».
Para López, lo que ocurrió a partir de ahí fue «el mayor genocidio de la historia de España en cuanto a la vulneración de derechos» de unas personas «simplemente por su discapacidad física y por su edad», ha sentenciado la representante de Marea de Residencia.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid determinó, en relación con la muerte de dos residentes en otra residencia de la Comunidad, la 'Adolfo Suárez' en la capital, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
En relación con la declaración de Reyero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este mismo jueves en la sesión de control de la Asamblea regional que espera que el exconsejero «salga hoy imputado de sus declaraciones» ante el juez.
Alberto Reyero era consejero de Políticas Sociales cuando se firmaron los citados protocolos. El expolítico de Ciudadanos dimitió el 2 de octubre de 2020 y envió una carta a la presidenta regional en la que le recomendaba buscar «unidad entre las instituciones para vencer al virus». Tras su dimisión, denunció la situación de las residencias y calificó los protocolos de la Consejería de Sanidad de «poco éticos y posiblemente ilegales».
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