Así lo recoge la convocatoria del pleno, que apunta que solo hay un único punto del día: «información concerniente a la Proposición de Ley 'Mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)' registrada en el Parlamento de Andalucía».
De este modo, el pleno que tendrá lugar a las 11,30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum de constitución, a las 12,00 horas en segunda convocatoria, mediante sesión presencial en el Museo del Vino de Almonte.
El pleno se celebrará después de que la Comisión Europea emitiera una carta en la que da un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.
En esta misiva, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».
Por su parte, agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se concentraron el pasado 29 de marzo en Rociana del Condado para apoyar esta PDL que consideran que «busca hacer justicia y reparar el daño causado a sus familias» y esperan conseguir el apoyo del resto de grupos".
La plataforma considera que la PDL «es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores» con un texto en el que «no se toca el espacio natural, ni es ampliación de regadíos; no se toca el acuífero, ni significa amnistía» y aseguran que «se sustituirá, como se está haciendo en otras zonas, el agua subterránea por superficial, que llegará cuando sea posible, cuando se desarrolle por parte del Gobierno la ley del trasvase aprobada en 2018, declarada de Interés General, y estén los recursos, pero no antes».
Con esta PDL, según señalaron PP y Vox cuando la presentaron el pasado 3 de marzo, se pretende impulsar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como «los espacios agrícolas intersticiales de la zona A» y «los terrenos no incluidos en las zonas anteriores».
La precisión que ahora hacen con respecto a la impulsada en enero de 2022 es apuntar que «estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente».
Se invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana».
El psoe-a presenta pnl
Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha explicado que el Grupo Socialista defenderá en el Pleno del Parlamento su propia proposición no de ley (PNL) sobre los regadíos en la zona del Condado de Huelva, en el entorno del espacio natural de Doñana, al considerar que la presentada por PP-A y Vox «no está amparada en la legalidad».
El líder de los socialistas andaluces subrayó que «el PSOE tiene su propia hoja de ruta», mientras que «la del Partido Popular no está amparada en la legalidad». «Lo hemos podido comprobar si leen el informe de la letrada del Parlamento, que dice que no entiende que el Partido Popular está utilizando una vía de proposición de ley para esta cuestión, cuando debería de ser una decisión y una tramitación del Gobierno si es que quiere modificar el Plan de la Corona Norte de Doñana».
También la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, señaló el pasado 29 de marzo que «si se quiere arreglar el problema», los agricultores «tienen que saber que la solución viene de la mano de todos los gobiernos», ya que «de forma unilateral difícilmente se va a poder solucionar su problema y volveremos a estar en la posición de partida, esperando a que exista ese acuerdo».
Asimismo, destacó que «quizás no se ha explicado bien que los 19,99 hectómetros cúbicos que contempla el trasvase» son «para aquellas hectáreas que entraron en la primera revisión», por lo que «no hay agua para todo el mundo» porque «ya están dados, ya no hay más agua en la provincia», apuntando que «para que hubiese más agua en la provincia tendríamos que luchar por un nuevo trasvase y eso no es lo que está pidiendo el Partido Popular en la Proposición de Ley».
En la misma línea se pronunció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, quien a apeló a «cumplir con la normativa», aludiendo a la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que «en ningún caso» contempla que «aparezcan nuevas hectáreas» de regadío «a las que haya que surtir con agua de ese trasvase».
Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que la «hoja de ruta» de la Junta en relación con el problema hídrico en la Corona Norte de Doñaña consiste en aportar agua superficial a los agricultores, sin «perjudicar» el espacio natural.
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