Las conselleras Laura Vilagrà y Tània Verge encabezan la firma de un acuerdo por una campaña 'libre de discursos racistas' junto con miembros de PSC, ERC, Junts, comuns y CUP, de la sociedad civil, entidades de DD.HH y agentes sociales y económicos | Europa Press

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La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y representantes del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns han firmado este jueves un acuerdo en el que se comprometen a hacer una campaña electoral «libre de discursos racistas y estigmatizadores de las personas migradas», en el que no han participado Vox, Cs y PP.

El acuerdo también lo ha firmado el Col.legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya y el colectivo de periodistas Ramon Barnils en un acto en el Palau de la Generalitat al que han asistido como observadores del mismo representantes de la sociedad civil; entidades defensoras de los derechos humanos y contra el racismo; representantes de agentes sociales y económicos y de las entidades municipalistas.

En el documento se comprometen a contribuir a proteger la calidad democrática «ante el incremento de los discursos racistas y excluyentes» así como fortalecer el debate público como herramienta para abordar conflictos y tomar decisiones.

También quieren dar «un paso adelante y evitar los discursos que inciten al odio y a pasar del racismo latente a actos de racismo» aportando datos y buenas prácticas para contrarrestar argumentos.

Otro de los puntos aboga por explicar los beneficios que las migraciones y la diversidad cultural y lingüística han tenido; reforzar el discurso sobre el hecho migratorio «como resultado estructural y como una amenaza o problema social»; facilitar el respeto entre toda la población, enfatizando lo que se comparte con independencia de los orígenes, y poner ejemplos de resiliencia, empoderamiento y de aportaciones que hayan hecho personas migradas y racializadas al conjunto de la población.

Los firmantes también se comprometen a dirigir el mismo discurso sobre migraciones, diversidad lingüística, cultural, religiosa y de etnia a todos los públicos y contextos, y evitar así discursos «que inciten el racismo o que sean oportunistas para un entorno social concreto».

Además, recalcan la importancia de incidir en la valoración de las personas por sus características personales y no atribuirles «comportamientos asociados a los colectivos con los que pueden ser identificados por origen, creencias o etnia», y a la inversa.

En otro punto apuestan por emitir mensajes respetuosos con los derechos de los niños que no estigmaticen a los que están en situación de tutela por parte de la administración, y basar mensajes y opiniones sobre migraciones y personas racializadas «en datos disponibles y contrastables, y no en percepciones subjetivas ni en datos sacados de contexto», garantizando el derecho a una información veraz y a la transparencia en las fuentes.

También piden exponer los problemas de convivencia que hayan sido provocados por reacciones de ideología racista y xenófoba, a buscar un diálogo constructivo en estos casos, y garantizar el derecho de representación de las personas migradas y racializadas en todos los espacios de debate en que se confronten ideas sobre el modelo de sociedad.

Así, reclaman contextualizar los temas analizados, las problemáticas que se aborden y las soluciones que proponga la sociedad y los expertos, y luchar contra las 'fake news' y los mensajes «basados en mentiras, en datos no contrastados y en afirmaciones que, sin base, responsabilicen a la población migrada o racializada del malestar social».

"sociedad libre de discriminaciones"

Para Vilagrà, con el acuerdo se demuestra el compromiso que tienen para construir «una sociedad libre de discriminaciones, más inclusiva, igualitaria y libre de discursos de odio, xenófobos o excluyentes».

A su juicio, deben combatir el auge del radicalismo, el racismo, la extrema derecha y los ataques a las identidades y personas migrantes porque son «un peligro real».

Por ello, y pese a que el acuerdo no lo recoge, ha asegurado que descartan «cualquier acuerdo político con las personas y grupos de extrema derecha, xenófobos y antidemocráticos» tras las municipales porque -ha añadido-- quieren dejarlos fuera de la esfera pública.

En consecuencia, ha explicado que los firmantes y observadores del acuerdo se conjuran a actuar contra las 'malas praxis' y contra las conductas que inciten el odio y la violencia, y ha reivindicado que Catalunya ha vivido migraciones históricamente y que éstas la han enriquecido: «Somos tierra de acogida».

"mayoría parlamentaria del 85%"

«En campaña electoral no vale todo. Es un compromiso de una amplia mayoría parlamentaria parlamentaria, del 85%», ha recalcado posteriormente Verge, que ha explicado que harán un seguimiento del cumplimiento de los compromisos y un informe final.

Para la consellera, el acuerdo muestra que «hay una mayoría social y política en el país que no está dispuesto a intentar rascar ni un solo voto, ni a buscar el 'click bate', vulnerando derechos humanos de las personas migradas».

Para Verge, la libertad de expresión es incompatible con los discursos de odio, xenófobos o racistas, y ha lamentado que el acuerdo no lo hayan firmado todas las formaciones: «Es su responsabilidad».

«Señalar colectivos es una práctica fascista. Hay que reivindicar el 'No pasarán' y que Catalunya es una sociedad plural», ha zanjado.