La Fiscalía Anticorrupción ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla, en demanda de un informe médico forense sobre la enfermedad alegada por el expresidente de la empresa de capital de riesgo Invercaria de la Junta de Andalucía Tomás Pérez-Sauquillo, condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación en concurso con malversación por un préstamo arbitrario de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis, extremo ratificado por el Supremo; y de que los servicios médicos penitenciarios determinen si el inculpado «puede o no conllevar su enfermedad» en la cárcel.
Así figura en un escrito registrado el pasado 12 de abril en la Audiencia de Sevilla y recogido por Europa Press, en el que la Fiscalía Anticorrupción aborda «la toma de decisión sobre la pertinencia de la aplicación del beneficio de la suspensión excepcional del cumplimiento de la pena» privativa de libertad que prevé el artículo 80.4 del Código Penal, según el cual «partiendo de que el penado tenga una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, este no pueda ser debidamente tratado dentro del establecimiento penitenciario, suponiendo su estancia en el mismo un evidente acortamiento de su expectativa vital».
Tras la orden de ingreso en prisión
Por eso, después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de Pérez-Sauquillo a tres años y medio de prisión por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, y de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determinase su «inmediato ingreso voluntario en prisión»; «previo a emitir informe», el Ministerio Público solicita a la Audiencia que la misma ordene un «informe médico forense sobre la enfermedad y alegaciones del condenado y efectos de la misma en el cumplimiento de la pena privativa de libertad».
También reclama que «se recabe informe de los servicios médicos penitenciarios, atendiendo a toda la documentación aportada, sobre si, conforme a su experiencia en internos con padecimientos iguales o similares, el penado (...) puede o no tratarse y conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario».
Embargo de bienes
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción solicita que «se proceda a embargar bienes» de Pérez-Sauquillo y de la administradora única de Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez Cortés, condenada por este mismo caso a dos años de prisión como inductora de los delitos, «a fin de cubrir la responsabilidad civil, intereses y costas»; oponiéndose además directamente a suspender su pena de prisión «en tanto no presente un plan de pago de la responsabilidad civil serio y riguroso».
Pérez-Sauquillo, recordémoslo, ha sido condenado además a dos años y tres meses de prisión por los gastos propios de personal de Invercaria, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria. Empero, su condena por el préstamo a la empresa Tatis ha sido la primera y de momento única en ser ratificada por el Supremo.
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