La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha trasladado este miércoles en la Comisión de Salud del Parlamento que tanto su área como el resto del Gobierno andaluz «actúan con total transparencia» en la contratación de emergencia, toda vez que ha subrayado que el PSOE «utilizó más la vía de emergencia» que el PP cuando estuvo al frente del Gobierno pese a no estar en pandemia.
En este sentido, ha recordado este Gobierno, «fiel al modelo de gestión que le caracteriza, puso en marcha medidas de control y coordinación en los órganos de contratación de la Junta, donde se indicaba que »el uso de la contratación de emergencia debe ser siempre excepcional y justificada razonadamente«. Además, ha destacado la creación de la Dirección General de Contratación y la publicación de la isnstrucción sobre contratación de emergencia para una adecuada planificación de este tipo de contrato, con la que »se aumentaron la garantía, los controles y la publicidad".
«Esta Consejería y todo el Gobierno de la Junta de Andalucía actúa y ha actuado con total transparencia en la contratación de emergencia, publicando las contrataciones en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, adjuntando en cada una la documentación justificativa. »Todos los contratos firmados por esta Consejería cuentan con el aval del gabinete jurídico de la Junta y están sometidos a la fiscalización de la Intervención«, ha dicho al tiempo que ha insistido en que el Gobierno andaluz »se rige rigurosamente por la transparencia y cumple rigurosamente lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público".
De hecho, ha manifestado que la asesoría jurídica ha emitido hasta en dos ocasiones informes favorables a la «ampliación de la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria hasta la adjudicación de nuevos contratos». Informes emitidos el 28 de diciembre de 2021 y 11 de agosto de 2022 respectivamente.
«Por más que se empeñen en poner en duda la legalidad de los procedimientos, a este Gobierno no le van a poder rascar absolutamente nada en este sentido», ha asegurado, para añadir que la Cámara de cuentas, en su labor de fiscalización, «emitó un informe de análisis de las actuaciones de emergencia de los ejercicios 2018 y 2019, y en él se ha puesto de manifiesto la falta de transparencia y la publicidad que se observaban en los ejercicios anteriores, pues se indica que en un 89,10% de los contratos tramitados por emergencia no contaba su publicidad en el perfil del contratante, mientras que en los últimos años estamos en el 100%».
«Han practicado la opacidad y también contratos de emergencia por encima de los que ha realizado esta Consejería estando en pandemia», ha apuntado García, quien se ha referido de nuevo al informe de la Cámara de cuentas para señalar que «en 2018 había tantos o más contratos de emergencia de los que se realizaron por nosotros». Ese año, se formalizaron 3.427 contratos, de los que 230 licitaciones fueron urgentes, lo que significa un 6,6%. En 2019, las licitaciones sumaron un total de 4.062, de las que 132 fueron tramitaciones urgentes, lo que representa un 3,2%. En 2022, el número de licitaciones ha sido de 3.377, de las que 203 lo han sido por procedimiento de urgencia (6% del total).
«En 2018 y sin pandemia el PSOE usaba el procedimiento de urgencia más que nosotros», ha manifestado García, quien ha asegurado que una vez realizada consulta al Tribunal de Administrativo de Recursos contractuales de la Junta «nos informan que no se ha presentado ningún recurso en los últimos años cuestionando la motivación de los procedimientos tramitados por la vía de emergencia. Como tampoco tenemos constancia de que se haya interpuesto reclamación o recursos alguno en relación con procedimientos tramitados por esta vía», ha concluido.
Por su parte, la diputada socialista ha calificado la situación de «turbia historia» y ha explicado que el 21 de enero de 2021 el gerente del SAS «dicta una resolución por valor de 70 millones por la que se acuerda la tramitación de emergencia de servicios de asistencia complementaria a usuarios del SAS por sobrecarga de la propia red», justificando la tramitación por vía de emergencia «en la presión de los centros públicos por la Covid».
A esta resolución, ha continuado, «se le hacen multitud de adendas en todas las provincias y de 70 millones se pasa a 243 millones», toda vez que las prórrogas «se siguen sucediendo hasta el 31 de diciembre del 2022 y luego hasta junio de 2023», por lo que ha espetado a la consejera «por qué usan la vía de emergencia tras la finalización del segundo estado de alarma, cuando ya no era posible recurrir a esta vía de contratación excepcional».
«El Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias queda derogado el 9 de mayo de 2021 y la mayoría de adendas a los contratos son firmadas entre mayo y septiembre y la prórroga, en diciembre de 2021», ha añadido, para insistir en «por qué no atienden a las instrucciones de la Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía, que les indica que dejen de usar la tramitación de emergencia». Además, señala que en junio de 2021, una instrucción de la Dirección General de Contratación «les dice con claridad que no está justificada la tramitación de emergencia», y, sin embargo, «no lo hacen».
Psoe denuncia que se aplican tarifas "sin respaldo legal"
«Durante los años 21 y 22, y hasta mayo de 2023, la Consejería de Salud ha contratado por vía de emergencia con clínicas privadas con la justificación de no ser posible desarrollar un procedimiento ordinario, abierto, con concurrencia competitiva por las circunstancias sanitarias», ha denunciado Prieto, quien ha añadido que justo en el mismo periodo los hospitales públicos del SAS «sí que contratan por el procedimiento legal y habitual, abierto y ordinario, por los mismos motivos, la sobrecarga asistencial, y con las tarifas vigentes, las de 1998».
Sin embargo, la Consejería y el SAS, en sus contratos de emergencia «no aplican estas tarifas y en su lugar aplica un nuevo sistema de tarificación, sin respaldo legal en ese momento», ya que dicho respaldo «no tuvo lugar hasta el 23 de febrero de 2023, cuando se publica en el BOJA nuevo sistema de tarifa, el de la polémica orden de privatización». Es decir, «dos años después de que lo aplicaran en los contratos de emergencia tiene respaldo legal».
«Pensaron, quizás, que la excepcionalidad de la pandemia también les permitía concertar a los precios que quisieran, contratar como quisieran, con quien quisieran y a los precios que quisieran», ha manifestado Prieto, quien ha afeado a García que «no aplican las tarifas vigentes y resulta que esas tarifas son más altas, y en algunos procedimientos mucho».
Ante estas afirmaciones, la titular de Salud ha insistido en que el PSOE «utilizó la vía de emergencia más que nosotros y nos estaban en pandemia», al tiempo que ha preguntado a Prieto si en estas contrataciones de emergencia «tenían aval jurídico».
"en la orden del 98 había precios desorbitados"
Además, García ha recordado que hasta hace 15 días la Organización Mundial de la Salud (OMS) no decidió que se eliminaba la situación extraordinaria, la cual «todavía tiene sus consecuencias», al tiempo que ha añadido que en la orden de tarifa del 98 «había precios desorbitados en algunos procedimientos y se pagaba por ellos de una forma exagerada si nos comparábamos con otras comunidades autónomas».
«Lo que nosotros hicimos es hacer unos precios para esos contratos de emergencia, puesto que no teníamos la orden del 98, que se pueden comparar de forma transparente con lo que se está pagando en otras comunidades autónomas, con precios establicos por el SAS después de un estudio muy minucioso de lo que se estaba pagando en otras comunidades», ha detallado la consejera.
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