El portavoz de los afectados por el derrumbe de un edificio en Teruel, Javier Carbó, ha manifestado que les gustaría que los trámites fuesen «más rápido» por las fechas que se aproximan, tanto las fiestas de La Vaquilla como la cita electoral del 23 de julio, que pueden producir retrasos.
Carbó ha detallado que el contacto que mantienen los vecinos afectados con el Ayuntamiento está relacionado con la vivienda y los servicios sociales, aunque no se han producido avances técnicos por parte del Consistorio más allá que los enmarcados en las demandas realizadas por los vecinos con anterioridad al derrumbe.
Sin embargo, ha indicado que técnicos de la compañía eléctrica han colocado transformadores de apoyo en la zona, puesto que en la finca damnificada había un transformador que suministraba electricidad al barrio en el que se encuentra la calle San Francisco.
Con respecto a la retirada de los escombros, una cuestión que preocupaba a los afectados puesto que si se realizaba con la rapidez anunciada por la alcaldesa, Emma Buj, «se iba a desmontar el escenario sin haber tenido contacto con los seguros».
No obstante, Javier Carbó ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la información «se transmitió o interpretó mal», y tal y como se avanza, «habrá tiempo de que los peritos analicen los restos» y determinen cuándo se puede comenzar a desescombrar. Ha añadido que las familias afectadas ya están «más tranquilas» porque se han organizado y pueden reaccionar ante cualquier comunicación.
Realojo de familias
La prioridad del Ayuntamiento es el realojo de las diez familias que no tenían familiares en la ciudad o una segunda residencia a la que dirigirse. Cuatro de ellas ya se reubicaron el pasado viernes, tres en pisos de la Diputación de Teruel, y una pareja de avanzada edad en la Residencia Javalambre; las seis restantes lo harán durante la tarde de este lunes y mañana martes.
El plan de realojo consta de dos fases, la primera, que concluirá este martes, contempla la adjudicación de vivienda para las diez familias prioritarias; y la segunda, que se iniciará inmediatamente después, consistirá en hacer lo propio con el resto de afectados que se han trasladado a viviendas de familiares.
El Consistorio abonará los alquileres correspondientes de las familiares propietarias de viviendas afectadas por el derrumbe; y asumirá la fianza y la diferencia de aquellos que estuviesen en régimen de arrendamiento. Los servicios sociales visitan cada piso para comprobar que se encuentra en estado óptimo para ser ocupado.
Asimismo, desde la entidad local se ha fijado un plazo de seis meses para revisar cada caso de manera individual por si se hubiesen producido cambios en las situaciones familiares.
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