Según han informado las organizaciones que este miércoles se reunirán con Sinkevicius, en la cita trasladarán al comisario la necesidad de que la UE siga «presionando a los gobiernos español y andaluz» para evitar que «este atentado ecológico» ponga en peligro uno de los refugios para la biodiversidad y humedal más importantes de toda Europa.
Las organizaciones advierten de que esto se está convirtiendo en una historia común en Europa y consideran que si Doñana cae, pronto caerán otros espacios naturales. A su juicio, si se consigue frenar esta ley se sentará un precedente en Europa.
Las ONG recuerdan que Doñana es el humedal más importante de Europa y es hábitat de cientos de miles de aves, muchas de ellas provenientes de países del norte de Europa, dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o descansar durante su migración a África.
Por eso, subrayan que España y la Junta de Andalucía tienen una enorme responsabilidad internacional mientras «Doñana se muere de sed por el cambio climático», por la agricultura intensiva y los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos que han «ocupado sin control miles de hectáreas, aislado su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos».
En ese sentido, aseguran que hay más de 1.000 pozos y cientos de hectáreas de cultivos mantienen «bajo asedio» el Parque Nacional y su entorno próximo a pesar de la sentencia del TJUE y las recomendaciones de la UNESCO.
Las organizaciones denuncian que el PP en el Parlamento andaluz sigue impulsando una proposición de ley para amnistiar a los agricultores ilegales, que ocupan una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos de fresas bajo plástico en el entorno de Doñana.
A ese respecto, valoran que esta amnistía a los agricultores con explotaciones agrícolas ilegales y que utilizan agua sin los permisos obligatorios, supondrá una «presión insoportable para este humedal, Patrimonio de la Humanidad, que podría colapsar».
«Sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido el Estado Español», alertan.
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