El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles la dimisión de Inmaculada Nieto como portavoz parlamentaria que es de Por Andalucía, convencido de que «está inhabilitada para estar en política», una petición que ha presentado como una de las consecuencias políticas que debería tener el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso de amparo que presentó Teresa Rodríguez por su expulsión del entonces grupo Adelante Andalucía, que conformaban Izquierda Unida y Podemos Andalucía en la pasada legislatura, junto con otros 11 parlamentarios y que pasaron a convertirse en diputados no adscritos.
En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, García ha considerado sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que se hizo público este martes que «certificó lo que era una operación de régimen», que ha concretado en el objetivo de lograr «la muerte civil de Teresa Rodríguez y de Adelante».
El fallo del Constitucional pone el foco en la merma sobre el ejercicio de sus atribuciones como diputados que sufrieron Teresa Rodríguez y el resto de parlamentarios expulsados al convertirse en no adscritos por estimar que afecta «al núcleo de la función representativa como diputados» y argumentar entonces que «la condición de diputado no adscrito... implica objetivamente unas posibilidades de actuación parlamentaria desventajosas respecto de cuando se forma parte de un grupo parlamentario».
García ha sostenido sobre aquella expulsión de Teresa Rodríguez y el resto de compañeros que «se pusieron de acuerdo IU y Podemos, que se llevan a matar» para propiciar así que «se cargaron cualquier atisbo de una voz andaluza», por lo que ha repartido culpas personales, además de sobre Inmaculada Nieto, en las figuras de «Enrique Santigo, Martina Velarde, Toni Valero», además de recordar a «dirigentes del PSOE que le tenían muchas ganas a Teresa Rodríguez».
García ha sostenido que esa iniciativa tuvo «tres motivaciones políticas», entre las que ha mencionado «eliminar la voz andaluza en el Estado español porque molestaba a los intereses de los partidos en Madrid; eliminar a la izquierda que quería ser algo más que la muleta del Gobierno y porque hemos denunciado los privilegios de la política».
En el relato que ha hecho de aquel proceso, con el reproche de fondos en que «IU y Podemos tuvieron más interés en que no exisitiéramos que plantear una alternativa a la derecha», José Ignacio García ha evocado que «despidieron a 20 trabajadores saltándose a la normativa, se nos llamó transfugas y corruptos, nos llamaron ladrones», mientras que ha sostenido que «los dirigentes de IU se apropiaron de dos millones que no le correspondían (sobre la financiación del grupo parlamentario) y prefirieron una oposición de cinco a una de 17».
«La justicia cuando es tarde no es justicia», ha proclamado José Ignacio García, quien se ha preguntado «por qué no aceptó el Tribunal Constitucional las medidas cautelares que habrían hecho justicia», antes de explicar que su grupo parlamentario, Mixto-Adelante Andalucía, ha solicitado una reunión con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para ver «cómo se puede ejecutar» el fallo del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha demandado «un reconocimiento público».
Después de asegurar que «cambiaron el Reglamento a posteriori para quedarse con el dinero de 17 parlamentarios», García ha sostenido sobre ese reconocimiento público que «habrá que ver la forma jurídica» de concretarlo tras argumentar que «el Parlamento cercenó los derechos de casi el 10% de la Cámara» y colegir que «algo tendrá que decir».
Teresa rodríguez: "me siento incluso peor" que cuando la expulsión
Por su parte, la propia Teresa Rodríguez ha indicado este miércoles, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, que ahora se siente «incluso peor» que cuando se produjo su expulsión del grupo parlamentario, porque ahora tiene la «certeza absoluta» de que «lo que ocurrió no sólo fue ilegítimo, lamentable a nivel político, sino que fue absolutamente ilegal», y pese a ello «no va a haber absolutamente ninguna consecuencia», de forma que «la impunidad va a ser total», según ha lamentado.
Además, ha agregado que tiene la «sensación» de que «la tardanza del Tribunal Constitucional» en resolver su recurso de amparo «forma parte también de la operación que nos hicieron a varios niveles para sacarnos de la política en este país», en un momento en el que «Podemos e Izquierda Unida estaban en clave de pactos de gobierno con el PSOE a muerte», y los representantes de Adelante constituían «una piedra en el zapato» para «una nueva estrategia» de dichos partidos de izquierda de «pactar y cogobernar con el PSOE en todos los sitios».
En esa línea, ha sostenido que, para «la izquierda española, estatalista, centralista, quitarnos de en medio era una forma de aliviarse», además de para «quedarse con dos millones de euros hasta el fin de la legislatura del conjunto del grupo» parlamentario, inicialmente conformado por 17 diputados pero que se redujo a seis a partir de julio de 2021, tras la salida de los referidos nueve expulsados y de las diputadas Maribel Mora y María García, que abandonaron el grupo en esa fecha y también pasaron a ser no adscritas.
Teresa Rodríguez ha subrayado que la sentencia del TC debería haberse dictado en la pasada legislatura, y por la fecha en la que se ha resuelto «ya no se nos puede restituir ninguno de nuestros derechos de representación», según ha lamentado antes de apostillar que los miembros de Adelante no tienen «amigos en ningún lado», y «a nadie le interesaba intervenir y defender nuestros derechos ciudadanos, de representación».
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