El pleno de la Cámara ha dado luz verde al dictamen con el apoyo de PNV, EH Bildu y PSE, mientras que PP, Vox y Cs han votado en contra. La Ley de Memoria Histórica y Democrática se estructura en doce capítulos y un conjunto de disposiciones que cierran el texto.
En la misma, «se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas».
Según contempla el texto, la ley articula los medios necesarios para «recuperar, restaurar y rehabilitar la memoria de las víctimas; fomentar la difusión y el reconocimiento social; facilitar la restauración y la reparación, y promover que la impunidad no siga protegiendo a los responsables, a quienes facilitaron y contribuyeron al golpe militar».
El texto considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de sus derechos fundamentales durante el periodo desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
En este sentido, señala que las víctimas del franquismo tienen derecho a recurrir a la Administración de Justicia para pedir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y lograr la «plena justicia».
Señala que corresponde al Instituto de la Memoria-Gogora actuar para la localización de los desaparecidos en la Guerra Civil y su identificación. Además, Gogora valorará la pertinencia de indemnizaciones y, en su caso, para proceder a su implementación.
El Gobierno Vasco, a través de Gogora, formará un equipo científico profesional para investigar y elaborar un informe base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978, así como un informe con conclusiones oportunas que «recoja de forma fehaciente lo sucedido».
También se crea el archivo de testimonios de la Guerra Civil y la dictadura en Euskadi, y Gogora establecerá un plan para la coordinación de la eliminación o resignificación, en su caso, de símbolos contrarios a la memoria histórica.
Régimen sancionador
La ley incluye un régimen sancionador que considera infracciones graves, ente otras, actividades como las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura; la celebración de actos y homenajes para la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de sus organizaciones.
También promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los 200 y 150.000 euros.
El debate
El parlamentario del PNV Joseba Díez ha explicado que el ámbito subjetivo de esta ley son «las víctimas de la guerra civil y de la dictadura» y ha defendido que «hablar de unas víctimas no excluye a otras» y tampoco supone «que las políticas públicas en otros ámbitos o con otras leyes no reconozcan, no recuerden y no presten la suficiente atención a otro tipo de víctimas».
Asimismo, ha subrayado que «no es una ley contra nadie», ya que «la memoria se hace a favor de todas y todos, la memoria se hace en pro de la convivencia». «Nadie que se considere demócrata debería sentirse atacado o dolido porque una ley vaya a dar pasos adelante en verdad, justicia, reparación, reconocimiento y en garantía de no repetición», ha reiterado.
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha defendido que «con esta ley en la mano, se tiene la oportunidad de avanzar en la Justicia, en la Verdad, en la Reparación» y ha agradecido a las asociaciones memorialistas, presentes en la tribuna de invitados, su iniciativa legislativa popular porque «provocaron un debate, que hoy concluye con esta ley». «Ojalá esta ley sirva de herramienta, de palanca, para que todo luchador antifascista, toda víctima del franquismo, vea al fin reconocidos todos sus derechos», ha subrayado.
También se ha dirigido al PP para afirmar que «tras años intentando engañar haciendo ver que ponían distancia con el franquismo, hoy vuelven a su origen» y se presentan «sin disfraz, como lo que son: los herederos políticos del franquismo». «No son las víctimas que faltan en esta ley las que les preocupan, sino las que están, las que esta ley acoge, víctimas que ustedes desprecian», ha subrayado.
El parlamentario del PSE Eneko Andueza ha aclarado que esta ley no habla de «una lucha entre hermanos o entre dos Españas, como se empeñan en decir algunos» y ha señalado que la ley «pone a las víctimas en el centro» y «aborda con diferentes medidas tanto el derecho a la verdad de un pasado traumático por una violencia criminal impuesta, como el derecho a la justicia de las víctimas del franquismo y el derecho de estas a su reconocimiento y reparación».
Asimismo, ha dicho no esperar nada del PP «porque ha quedado muy claro que ya están echados a los brazos de Vox» y considera «un claro ejemplo, lo que va a pasar en Cantabria con la derogación de la ley de memoria democrática».
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández cree necesario «parar la ola reaccionaria contra la memoria democrática de nuestro país» y ha pedido al PP que rompa con «los gruesos lazos que les unen con el franquismo y con el fascismo, porque no es sólo su pasado franquista», ya que considera que «la derecha postfranquista de este país demuestra con hechos que siguen siendo los herederos de la dictadura franquista». «Esta ley ha de servir para despojar a nuestra sociedad de todos los restos y toda la herencia de la parte más oscura de nuestra historia», ha defendido.
Voto en contra
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha considerado que esta es una ley «innecesaria» y con «carencias importantes en lo que debe constituir una memoria completa y verídica», ya que presenta «olvidos y ausencias clamorosas en cuanto a lo que debiera contar». Para el PP, es «una ley amputada de nacimiento» porque «condenar el franquismo está bien» pero ha recordado que «hay un grave olvido histórico y democrático, que es que el terrorismo hizo acto de presencia, especialmente desde finales de los años 60 en nuestra tierra, y ETA con su estrategia criminal trató de imponer un proyecto político totalitario».
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que con esta ley se quiere «construir una memoria ficticia y dividir a nuestra nación en dos bandos para volver a enfrentarlos». Asimismo, ha criticado que «es una ley para manipular recuerdos y conciencias» y que «olvida la actividad terrorista de ETA hasta el año 1979».
El parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha criticado que la norma se debería llamar «ley de la amnesia interesada y parcial de Euskadi, porque el principal problema es lo que »interesadamente olvida«. Tras criticar que en esta ley »no se trata a todas las víctimas por igual«, ha reclamado que debería ser »una ley justa y no la enésima herramienta política que el nacionalismo aprovecha para imponer su propio relato".
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