Los grupos de la oposición presentan cerca de 290 enmiendas parciales al proyecto de Ley vasca de Educación

La futura ley educativa de Euskadi que inicia este martes la fase definitiva de su tramitación parlamentaria con el cierre del plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas al texto.

El PNV, el PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU cerraron en marzo de 2022 un acuerdo en torno a las bases sobre la futura ley educativa de Euskadi, un pacto al que se llegó tras intensas negociaciones y una vez superadas las diferencias existentes entre los grupos, especialmente en lo relativo al tratamiento de las lenguas en la enseñanza.

No obstante, durante la tramitación los apoyos al texto han cambiado y Elkarrekin Podemos-IU ha anunciado, de forma previa, la presentación de una enmienda de totalidad por diferencias con aspectos como la concertación y la segregación.

Los socios de gobierno --PNV y PSE--, con mayoría suficiente para aprobar la norma, han alcanzado a última hora un acuerdo para presentar sus enmiendas de forma conjunta. Entre ambos grupos existían diferencias porque los socialistas reclamaban mantener los modelos lingüísticos actuales y el texto en tramitación presentado por el consejero Jokin Bildarratz (PNV) no los menciona.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha informado de que su grupo ha presentado 146 enmiendas parciales que «van en la dirección del Acuerdo Educativo, son fieles a su letra y a su espíritu, y buscan darle precisión, definición y claridad al proyecto de ley». «Somos coherentes y leales al Acuerdo Educativo y hemos cumplido nuestra palabra», ha subrayado.

Arrese ha defendido que sus enmiendas «pretenden facilitar la oportunidad de consenso y reflejan el deseo de una amplia mayoría de la comunidad educativa».

Entre otros aspectos, las enmiendas abordan la euskaldunización y definen el marco plurilingüe centrado en el euskera «ya recogido en el Acuerdo Educativo». Además, se propone crear un Índice de Complejidad Lingüística, «instrumento para medir la situación sociolingüística del entorno de cada centro para adaptar lo mejor posible su proyecto lingüístico a esa realidad».

También defiende que la Ley de Educación «debe reconocer el derecho de Euskal Herria, como nación que es, a disponer de un sistema educativo propio».

"alejarse de lo pactado"

Respecto al debate sobre los modelos lingüísticos, Arrese ha señalado que «tanto el Acuerdo Educativo como el primer borrador de la ley y también el proyecto de ley del Gobierno hablan de un marco plurilingüe con el euskera como eje». «Nuestras enmiendas tienen como objetivo mejorar y desarrollar ese marco plurilingüe; si alguien tiene la tentación de alejarse de lo hasta ahora pactado, tendrá que explicar por qué», ha advertido.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, por su parte, ha explicado que ha presentado una enmienda de totalidad porque cree que el Gobierno «tiene que volver a empezar y proponer otro texto diferente», ya que se trata de «un mal texto, que no tiene un diagnóstico acertado del sistema educativo vasco», por lo que «no responde a las necesidades» del sistema educativo vasco.

«Este texto de la ley traiciona la letra y el espíritu del Acuerdo Educativo y tan solo hay que comparar los dos textos -- el del acuerdo y el de la ley-- para ver que la literalidad de los mismos se contradice», ha criticado.

"literalidad y espíritu del acuerdo"

Además, ha registrado 44 enmiendas parciales que buscan «trasladar el Acuerdo en su literalidad y espíritu» a la ley. «Siempre hemos dicho que somos defensores del Acuerdo», ha señalado antes de insistir en que «esta ley traiciona el Acuerdo».

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha informado de que han presentado una enmienda de totalidad y 66 enmiendas parciales porque cree que este «no es un proyecto de ley de convivencia». «Pensamos que una ley de Educación debe buscar la convivencia», ha defendido.

En ese sentido, ha reclamado «la convivencia de idiomas, con dos idiomas oficiales; la convivencia de modelos educativos, que desaparecen en este proyecto de ley; la convivencia de centros públicos y concertados al 50%, como es la realidad; y una convivencia de alumnos, de familias, de libertad de elección».

También ha criticado que el proyecto de ley «está basado en un acuerdo parlamentario desequilibrado y excluyente, un acuerdo impuesto por una negociación entre PNV y Bildu que ha confundido a los socios de gobierno y a otros grupos parlamentarios, y que no podemos asumir como beneficioso ni útil para la futura educación de las nuevas generaciones». «No se está construyendo una escuela para todos», ha denunciado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, también ha presentado una enmienda de totalidad porque ve «urgente devolverlo al Gobierno vasco» y ha explicado que esta enmienda «va más allá de este proyecto de ley y pone en tela de juicio todo el sistema educativo», ya que «Vox considera prioritario que el Estado recupere la competencia educativa hoy transferida a todas las comunidades autónomas».

«Defendemos un sistema educativo armonizado que evite desigualdades territoriales, que vele por la igualdad de oportunidades de las personas, tanto alumnos, como familias, como docentes. Por lo tanto, apostamos por un modelo educativo que evite que esas oportunidades sean distintas dependiendo del lugar en el que uno haya nacido», ha explicado.

Por otro lado, ha informado de que ha considerado hacer también enmiendas parciales, pero finalmente ha decidido no hacerlo porque «no había forma de enmendar un proyecto de ley que consideramos inasumible».

Por último, el parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha explicado que ha presentado una enmienda a la totalidad porque cree que el texto «no une, sino divide; que no busca consenso, sino ahondar en las diferencias; y que no prioriza la calidad, sino la euskaldunización forzosa».

Junto con la enmienda a la totalidad, también ha presentado 39 enmiendas parciales al proyecto que ha calificado de «radical, sectario, retrógrado y chapucero».

Gil ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Educación porque cree que «el escándalo que vivimos estos días por la adjudicación de rutas de autobuses a la empresa de un asesor es la gota que colma el vaso de una trayectoria del consejero que sólo puedo calificar de desastrosa».