La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia del Covid-19.
En un auto fechado el pasado 2 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, dicho tribunal acepta el recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acuerda con la Audiencia que continúe la investigacíon respecto sobre ellos «con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro».
En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condición de aforada, al igual Enrique Ruiz Escudero a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ser diputado autonómico.
Diligencias
Entre las nuevas diligencias, el Juzgado acuerda en dicho auto citar de nuevo a la persona querellada para tomarle declaración, requiriendo al centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores a través de su procuradora para que en el plazo de tres días aporte a esta causa la identificación para poder citarla.
También ordena la declaración como testigo del consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, Alberto Reyero, para el día 7 de noviembre a las 9:30 horas; la del exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, un cuarto de hora más tarde; y la por entonces directora de general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, a las 10:15 horas.
Asimismo, el Juzgado libra oficio a la Consejería de Sanidad para que le aporte el Plan de choque contra las muertes en residencias anunciado el 26 de marzo de 2020, así como su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo.
También le pide los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la región durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID-19,
adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria; así como los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias, desglosados por fechas.
Asimismo, el Juzgado da por presentado el informe médico pericial emitido por una doctora médico especialista en Geriatría, que tendrá que ratificar dicho informe el 7 de noviembre a las 10:15 horas a presencia judicial.
Igualmente, el Juzgado acuerda, de conformidad con lo solicitado por Sanitas Mayores SL, pedir al Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro a fin de que remita al Juzgado copia del informe de geriatría de fecha 31 de marzo de 2020, correspondiente a un paciente para que pueda ser revisado por la Médica Forense adscrita a este Juzgado.
1 comentario
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Ojalà se haga justicia para estas 7.192 personas muertas abandonadas por un protocolo criminal.No entiendo como los familiares y amigos de estas personas no se manifiestan en la Puerta del Sol un dia a la semana o un dia al mes para pedir juesticia.Espero,y deseo que los culpables con la IDA a la cabeza terminen en la càrcel.