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El Gobierno Foral de Álava, PNV y PSE, ha abogado por implantar, «de forma coordinada, medidas tributarias» que favorezcan el alquiler de viviendas con destino a vivienda habitual y el impulso al mercado del alquiler, a precio asequible; frente a Elkarrekin Araba y EH Bildu que han demandado «voluntad política» para «aplicar ya una serie de incentivos» en el Territorio para fomentarlo.

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado una enmienda de sustitución de PNV y PSE a la moción original de Elkarrekin, en la que instan a la Diputación a «evaluar el conjunto de las medidas tributarias vigentes», para «proponer las más adecuadas» de cara a «facilitar el acceso a la vivienda e impulsar la oferta de alquiler a precio asequible, de forma coordinada con el resto de instituciones».

La iniciativa ha contado con los votos favorables del Gobierno Foral, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Araba y la negativa del Partido Popular y Vox, frente a una enmienda transaccional de las coaliciones abertzale y morada que no ha contado con el apoyo del resto de grupos junteros.

El juntero del PNV Iñaki Ruiz de Galarreta ha defendido que debe ser «en el órgano de coordinación tributaria donde se tomen las decisiones correspondientes» para implantar, «de forma coordinada y armonizada, medidas tributarias» que favorezcan el alquiler de viviendas.

Ruiz de Galarreta ha explicado que «ya existen herramientas fiscales que favorecen los objetivos», así como «mejores medidas que en territorio común». En este sentido, ha enumerado «las ventajas y deducciones» que ya existen para «alquilar una vivienda como vivienda habitual, en perjuicio de una vivienda estacional o puntual».

El juntero del PSE Igor Salazar ha respaldado «buscar acuerdos y consensos a lo grande a favor de una fiscalidad progresista». «Aquí se ha visto una visión simplista y las políticas a favor del alquiler hay que hacerlas completas y desde diferentes ángulos, incluidas en lo fiscal», ha interpelado a la oposición.

Por otra parte, ha destacado «el hito» que supone que el Gobierno Vasco aprobara «el decreto que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi y que permite el acceso a una vivienda social en alquiler o, en su defecto, a una prestación económica que facilite el pago mensual de un arrendamiento en el mercado libre, para quienes tengan este tipo de contrato».

Papel del pse

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha recriminado que «el PSE se rinde a los intereses especuladores del PNV y no cumple su palabra de garantizar el derecho a la vivienda y aplicar la ley estatal», y ha urgido a «aplicar ya una serie de incentivos».

Rodríguez ha reclamado que la Diputación realice para la próxima campaña fiscal "las modificaciones necesarias en relación al IBI y al
IRPF, conforme a lo dispuesto en la Ley por el derecho a la Vivienda« y ha asegurado que »actualmente el alquiler habitual de viviendas recibe un peor tratamiento fiscal que el alquiler turístico o la venta de vivienda".

Por su parte, el juntero de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha dicho «no entender la postura del PSE», que, a su juicio, «no tiene ni pies ni cabeza» al «no mencionar» durante el debate «una ley aprobada por el Gobierno socialista».

Ortiz de Guinea ha solicitado «voluntad política» ante la necesidad de «regular el mercado de vivienda» y ha garantizado que «la Diputación puede hacer mucho más», al respecto, al poner como ejemplo el «modelo de Nafarroa, donde hay otros tipos de deducciones».

El procurador del PP Jorge Ibarrondo ha expresado que la Diputación de Álava podría «ser más generosos en la gestión fiscal de la vivienda». «La recaudación que tiene la Diputación es de 1.731 millones de euros, un aumento del 6,2%, con el tercer año consecutivo en recaudación positiva. Señor Ramiro González, yo creo que usted es un magnífico recaudador, pero veo que no es muy buen repartidor», ha zanjado.

Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha censurado que la Ley por el Derecho a la Vivienda es «intervencionista, genera inseguridad jurídica en el sector inmobiliario y no contempla los incentivos necesarios para acabar con las disfunciones de ofertas existentes en el mercado»