Desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, ha estado en vigor un contrato suscrito por el Gobierno de Aragón y Renfe para regular la prestación de servicios ferroviarios de interés regional.
Finalizada la vigencia del contrato, entre 2016 y 2022, Renfe ha continuado haciéndose cargo de ese transporte en virtud de una serie de acuerdos de mantenimiento del servicio con carácter excepcional suscritos por el presidente de Renfe, Isaías Táboas y el entonces consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.
En esos acuerdos, ha figurado el compromiso del Ejecutivo autonómico para sufragar el déficit de explotación del servicio, abonando anualmente la diferencia entre los costes de operación y los ingresos obtenidos por la venta de billetes.
El origen del conflicto
En el 2017, Renfe presentó una propuesta de liquidación que ha incluido un notable incremento de los costes de operación, amparándose en la Ley de Presupuestos de ese año que ha supuesto un incremento de los cánones de acceso a las infraestructuras ferroviarias de interés general gestionadas por el ADIF.
El 4 de mayo de 2018, el entonces director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, expuso su disconformidad respecto al incremento de costes en la comisión de seguimiento del contrato con Renfe.
A principios de 2019, se firmó un acuerdo de liquidación relativo al citado periodo en el que se reflejó que «el Gobierno de Aragón da conformidad a la liquidación presentada sin incluir el efecto del incremento de cánones desde el 01-07-2017 hasta el 31-12-2017 y reconoce obligaciones de pago a favor de Renfe Operadora por importe de 4.245.653,04 euros».
Además, añadió que «en lo referente a la cantidad de 1.396.747,13 euros que supone la aplicación del incremento de cánones del periodo comprendido entre el 01-07-2017 y el 31-12-2017, el Gobierno de Aragón manifiesta su disconformidad a su aplicación a la liquidación de los servicios prestados por Renfe Viajeros en Aragón durante el año 2017, solicitando que por parte de Renfe Viajeros se articulen las medidas necesarias para su no repercusión en este acuerdo de liquidación».
En ese mismo acuerdo, Renfe se ratificó en la liquidación inicial que ha incluido el incremento de los cánones durante el segundo semestre de 2017 y ha vuelto a solicitar el abono de 5.642.400,17 euros en el plazo de dos meses.
Una deuda de 2017 que renfe recurre ahora
En diciembre de 2022, Renfe Viajeros volvió a solicitar al Gobierno de Aragón el pago de los casi 1,4 millones de euros derivados del incremento de los cánones por parte de ADIF.
Ante el silencio administrativo sobre aquella solicitud, Renfe Viajeros ha interpuesto ahora un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Para poner fin a esta situación heredada de los gobiernos anteriores, ante la previsible sentencia en contra de Aragón y para evitar el pago de una cantidad mayor resultante de la suma de los intereses que pueda aplicar el juez, el actual ejecutivo aragonés va a proceder a la liquidación reclamada por la operadora.
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