Gorrotxategi se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas ayer por López Atxurra que confirmó la congelación de inversiones en Euskadi por el impuesto energético.
A través de las redes sociales, la portavoz del grupo de izquierdas ha destacado que el pasado año Petronor obtuvo 470 millones de euros de beneficios, «unas ganancias excepcionales que supusieron un récord histórico», mientras que «su empresa matriz, Repsol, tuvo unos beneficios de 4.251 millones de euros».
Tras recordar que «estos beneficios extraordinarios son el resultado de la crisis energética», ya que la mayor demanda de carburantes y la reducción de la oferta «provocaron el aumento de los precios», ha recordado que en enero de 2022 el diesel estaba a 1,38 euros el litro; en junio, a 2,03 euros, por lo que esa diferencia lo pagaron los consumidores y «ellos se la embolsaron».
También ha subrayado que, durante estos últimos dos años, las empresas energéticas «han multiplicado sus márgenes de beneficios». «Ellas han sido las que más han exprimido la crisis de la inflación, aprovechándola para inflar sus precios», ha censurado.
A su juicio, «así lo atestigua un informe que el Banco de España del 28 de agosto de este mismo año, que afirma que las energéticas elevaron sus precios de venta casi un 89% entre 2021 y 2022, mientras que sus costes de producción subieron un 56,9%. Es decir, inflaron sus precios un 32% a costa del consumidor».
Un marco fiscal "más justo"
Por ello, ha resaltado que se implantó un impuesto a las energéticas, «para que quien obtiene beneficios multimillonarios valiéndose de una situación de crisis, asuma su responsabilidad y aporte lo que le corresponda», y con el objetivo de «hacer más justo el marco fiscal», sin que «no toda la carga recayera sobre las familias».
La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha indicado que es «en este contexto en el que el presidente de Petronor se permite el lujo de chantajear a los poderes públicos con desinversiones».
«El oligopolio se opone a la decisión de un Parlamento democráticamente elegido y amenaza la economía de un país para defender los intereses de su accionariado (bancos como el Santander y fondos buitre como BlackRock o JP Morgan)», ha lamentado.
Ante ello, Miren Gorrotxategi se pregunta: «¿Cuándo hemos aceptado que una democracia tenga que soportar eso?, ¿qué legitimidad tienen para hacer oposición parlamentaria aquellos que especulan con una necesidad básica?, ¿cuándo va a estar la economía al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio de las multinacionales?».
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