Tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, dicho contrato consiste en un acuerdo para que en un futuro y solo en el caso de que Madrid resulte ser la ciudad seleccionada para albergar la sede de AMLA, se formalice un contrato de arrendamiento en el transcurso de los 45 días siguientes a la fecha en la que tuviera lugar la designación.
La vigencia del contrato de promesa de alquiler, tramitado por el área de Obras y Equipamientos, será de 12 meses desde su suscripción, periodo durante el cual el Ayuntamiento no deberá asumir ningún gasto por la reserva del espacio, por lo que el contrato tiene carácter gratuito.
Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento y Mutua Madrileña ponen de manifiesto su voluntad de celebrar el futuro contrato de arrendamiento y de determinar el contenido esencial del mismo.
En este sentido, se contempla el pago de la renta mensual de las oficinas y plazas de garaje de obligado cumplimiento para ambas partes durante cinco años, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, tras la firma del contrato de arrendamiento, cederá el uso de las instalaciones a AMLA.
Se estima que la superficie del local oscilará entre 2.560 y 2.820 metros cuadrados en función de la morfología de las plantas que finalmente se alquilen por el Ayuntamiento y que se determinarán en el contrato de arrendamiento, así como entre 23 y 26 plazas de garaje.
Según la oferta de Mutua Madrileña, el coste total que abonaría el Ayuntamiento en concepto de renta, gastos generales y coste de obras de acondicionamiento durante los cinco años de duración del contrato, estaría entre 10 y 11 millones de euros (IVA no incluido).
Candidatura de madrid
La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority), es una nueva institución aprobada por la UE como autoridad central con competencias supervisoras, normativas y de coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembro que se encuentra actualmente en proceso de creación.
El Ayuntamiento de Madrid, de la mano del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de las principales asociaciones e instituciones sectoriales, está comprometido con este proyecto y colabora en la preparación de la documentación a presentar por el ministerio, de quien depende la formalización de la candidatura.
El apoyo del Ayuntamiento de Madrid a esta candidatura se formalizó el pasado mes de febrero a través de una declaración institucional aprobada por el Pleno municipal en la que se reconocía la «oportunidad única para Madrid y España», así como la "atracción de talento y el incremento de la actividad económica que esta sede podría proporcionar a la capital, reforzando así su posición como sede institucional y polo económico en Europa y la imagen de España como referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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