El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado el trabajo que se está realizando para establecer los mecanismos legales necesarios para la puesta en marcha de un servicio de inspección en universidades privadas en Andalucía y ha apuntado que hay, en este ámbito, «situaciones totalmente irregulares» e incluso «ilegales».
Así lo ha señalado en comisión parlamentaria ante una pregunta de la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez Corona. El consejero ha señalado que «hay un escenario desconocido y que, desde luego, tenemos que abordar y este servicio de inspección nos va a permitir actuar para que estas situaciones totalmente irregulares se corrijan».
Así, tras explicar que ya ha pedido al secretario general de universidades que trabaje en este asunto junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha recordado que, por su parte, las universidades públicas están sujetas al control del Consejo Social, de una auditoría externa y, posteriormente, a la Cámara de cuentas. «Ahí no vemos la necesidad de una inspección», ha subrayado.
«Pero sí en el sector privado. Tenemos que realizar una acción de inspección», ha asegurado Villamandos, que ha criticado que haya «universidades que están campando a su ancha por Andalucía y que los gobiernos socialistas les hayan dejado trabajar en Andalucía sin ningún tipo de problema».
Por su parte, la diputada de Por Andalucía ha analizado el caso de la Universidad Loyola y el Grado de Medicina en Sevilla. «Como mínimo es irregular», ha apuntado para añadir que «es verdad que hubo un permiso por parte del organismo competente a nivel estatal, pero también es cierto que faltan requisitos obvios como la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el registro correspondiente», ha detallado.
Además, ha advertido de que «esto no es una anécdota» sino que Andalucía está «creando una especie de ecosistema en el que las universidades privadas se sienten cómodas y piensan que puedan hacer más allá de lo que está previsto en la ley». Ante esta situación y la aprobación de dos universidades aprobadas privadas más, la diputada ha pedido estar «muy vigilantes».
Al respecto al caso de la Universidad Loyola y el Grado de Medicina en Sevilla, el consejero ha compartido la opinión de la diputada de Por Andalucía, ya que se dio la autorización por parte de la comunidad autónoma, «pero la implantación no se puede producir hasta que no está publicada en BOE, con lo cual, creo que la Loyola ha actuado con premura». Esto ha propiciado, según ha explicado, a que en el nuevo decreto de títulos de las universidades «se pongan algunas condiciones para el inicio de las clases».
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