En un comunicado, estos sindicatos aluden a la subida de ratios en las aulas TEA y la desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo. En este sentido, consideran «insostenible» el déficit de profesionales de atención a la diversidad y recuerdan que la situación está «muy por encima de la recomendación de la Unesco de que la población escolar asignada a cada orientador no supere los 250 alumnos». «En Madrid, esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas», advierten.
Las organizaciones convocantes critican la «masificación y normalización» de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como «el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios», mientras en otros centros «no se admite una flexibilización de las ratios de referencia a la baja que evite el cierre de aulas».
También critican el incremento en la concertación de plazas en centros privados, lo que supone, a su juicio, una «dejación de funciones» por parte de la Administración.
En cuanto a la Formación Profesional, ven «especialmente preocupante», que «se rechace sistemáticamente miles y miles de solicitudes» para cursar ciclos formativos en centros públicos mientras «se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas».
Precariedad del profesorado
A todo esto suman la precariedad en las condiciones materiales de trabajo del profesorado madrileño con respecto a los de la mayoría de comunidades autónomas, que «se concreta claramente en el mantenimiento de unas jornadas de atención directa al alumnado excesivas desde el curso 2011/2012».
«El profesorado madrileño quiere ofrecer un trabajo de máxima calidad a su alumnado, y por eso es imprescindible que disponga del tiempo necesario para realizar esas tareas invisibles, pero no menos importantes que las propias clases», subrayan.
UGT, CGT, STEM y CNT critican que los primeros contactos entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa de negociación del próximo Acuerdo Sectorial se han traducido «en una vaga disposición del Gobierno regional a aplicar una reducción gradual en Secundaria, FP y Régimen Especial», mientras respecto a Infantil y Primaria «ni siquiera se vislumbra la posibilidad de una reducción».
Aparte de la reducción de las jornadas lectivas, reclaman «medidas concretas y efectivas» para reducir tareas burocráticas y un incremento lineal de retribuciones.
Estas organizaciones aseguran que dejarán «un margen razonable» para la negociación, pero advierten de que «sin un compromiso firme por parte de la Consejería» de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado «a finales de febrero habrá huelga».
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