Òmnium Cultural, en representación de familiares de alumnos de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catallunya (TSJC) que en octubre ordenó que una alumna del centro reciba en castellano, además de la asignatura de lengua, «una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales».
El anuncio del recurso, consultado por Europa Press este miércoles, esgrime que se ha vulnerado su derecho a un juez predeterminado por la ley y recuerda que recusó al magistrado Javier Aguayo, presidente de la Sala Contenciosa del TSJC, y el auto fue dictado «por la magistrada instructora del incidente de recusación (y no por la Sala competente)», lo que según argumenta el abogado Benet Salellas supone una infracción de forma y fondo.
Salellas también hace referencia a los recientes cambios en la normativa sobre enseñanza de lenguas en Catalunya, que hacen inaplicable la sentencia del 25% de castellano en la educación y por las que el TSJC ha planteado una cuestión de constitucionalidad.
Por eso, califica de «perverso, contradictorio y claramente arbitrario» que el tribunal dicte resoluciones en la misma línea que lo había hecho antes de la aprobación de la nueva normativa que prohíbe expresamente aplicar el 25%.
«Los jueces y magistrados no pueden decidir el modelo educativo, solamente pueden valorar la adecuación a dicho modelo establecido por el legislador de las decisiones que adopte la administración educativa», añade al criticar la actuación del TSJC.
Por petición de una familia
La sentencia del TSJC que recurre Òmnium estimó en parte el recurso de la familia de un alumno contra la decisión de la Conselleria de Educación al rechazar su petición de modificar el régimen lingüístico educativo.
El fallo del tribunal reconoció «como situación jurídica individualizada, el derecho del actor a que, mientras su hija permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, reciba de forma efectiva en castellano, aparte del área de conocimiento» otra asignatura troncal.
La demanda que originó el procedimiento reclamaba que la menor recibiera al menos un 25% de horas lectivas en castellano y quería anular el proyecto lingüístico de la escuela por otro con «una presencia equilibrada de la vehicularidad en la enseñanza de las dos lenguas oficiales», a lo que la Generalitat se opuso.
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