La Comunidad había solicitado una moratoria hasta que se aclarasen las muchas dudas técnicas que suscita la medida y se dispusiera de un sistema de gestión del alta en la Seguridad Social fiable y técnicamente viable, pero el Ejecutivo central ha desoído la reclamación, conjunta a otra decena de Comunidades.
Así se ha comunicado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha participado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, y que se ha celebrado finalmente de forma presencial en la sede del Ministerio a instancias de Aragón y otras Comunidades.
Al término del encuentro, la responsable autonómica ha afeado a la ministra que haya abandonado la reunión sin escuchar a todos los consejeros para anunciar que la medida se mantendría para el uno de enero. Y ha insistido en la «inseguridad jurídica» del modelo propuesto y los efectos perversos que puede generar por su deficiente implementación, al tiempo que ha avisado de que puede «romper los puentes entre el mercado laboral y la FP».
«El reconocimiento de este derecho debe ir de la mano de un sistema fiable y viable para su implantación en tiempo y forma, que permita realizar las bajas y las altas en la Seguridad Social del alumnado que realiza formación mediante prácticas. En las condiciones actuales, la medida podría desincentivar la participación de empresas e instituciones y comprometer al tejido productivo que conecta la FP y también las Universidades con las empresas», ha señalado.
La consejera ha recordado que ya se avisó por escrito hace semanas al Gobierno central de las dudas que plantea la medida, entre ellas, la imposibilidad de dar de alta al alumnado extranjero, la fecha límite para las bajas o la compatibilidad de prestaciones y otras ayudas. Dudas que, tal y como ha reiterado, no se han resuelto, y que inciden especialmente en el perfil de los alumnos más vulnerables, y que llegan a poner en serio riesgo todo el sistema ya que «las prácticas son obligatorias para titular».
«No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo que afecta a los colectivos más vulnerables --sin NIE, cobrando prestación de desempleo o algún subsidio--. Hay que contemplar todas y cada una de las singularidades del alumnado, porque la accesibilidad universal que se proclama como principio en educación debe aplicarse también a este procedimiento», ha defendido.
Seguridad social
Junto a todas estas cuestiones, en la Conferencia se ha criticado además la falta de unidad de criterio por parte de las distintas Tesorerías Generales de la Seguridad Social y los problemas con los que se están encontrando ya otras comunidades autónomas que están tratando de dar de alta al alumnado y de conseguir los números de afiliación para los estudiantes.
Por todo ello, y para que la puesta en marcha de la medida fuera efectiva y se garantizase la calidad formativa y la titulación del alumnado en prácticas, desde Aragón se era partidario de establecer una prórroga que evitara el caos que va a suponer la entrada en vigor de la medida en las condiciones actuales. O llegado el caso, un aplazamiento hasta el mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso, ya que su implementación a mitad de curso genera además desigualdad entre los alumnos.
«El sistema de cotización debería implantarse únicamente cuando sea efectivamente realizable. De hecho --ha concluido la consejera-- no han variado las circunstancias por las que el Ministerio tuvo que aprobar una primera moratoria para la entrada en vigor, prevista en principio en octubre».
En la Comunidad, y solo en lo que respecta a la FP, la medida afectará a 8.500 alumnos en 2024 y en 2025, la cifra se elevará a 28.000. Solo en FP dual hay involucradas más de 220 empresas, que superan las 4.000 para la formación del alumnado en centros de trabajo.
Fondos de cooperación territorial
En otro orden de cosas, en la reunión de la Conferencia Sectorial se han acordado los criterios de distribución de distintos programas de cooperación territorial en el ámbito educativo y financiados en parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aragón recibirá en total 9,3 millones.
De ellos, 3,74 irán destinados al impulso de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil con la creación de 606 nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niños de 1 y 2 años y en las zonas rurales.
El plan persigue compensar los efectos que las desigualdades de origen económico, social, territorial y cultural tienen sobre el alumnado, y tras el posicionamiento de varias Comunidades, entre ellas Aragón, se ha ampliado el plazo de ejecución hasta diciembre de 2025.
Asimismo, la delegación aragonesa --integrada también por el secretario general técnico, Manuel Magdaleno, y el director general de Planificación, Centros y FP--, ha planteado que en este tipo de fondos se reserve una cantidad mayor para mantenimiento, reformas o equipamiento de las escuelas infantiles creadas y para sus gastos de funcionamiento.
Otros 2,8 millones llegarán vinculados al redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional y permitirán habilitar hasta 1.500 nuevas plazas para atender a la creciente oferta de puestos de trabajo que requieren de una cualificación intermedia y la necesidad de ajustar la oferta formativa.
Finalmente, los remanentes del programa Código Escuela 4.0 permitirán financiar con cerca de 50.000 euros y hasta diciembre de 2025 actuaciones de acompañamiento al profesorado para la integración del pensamiento computacional, los lenguajes de programación y la robótica.
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